Paul Krugman, Premio Nobel de Economía 2008, no evita el tono melodramático cuando se refiere al tema: “Siempre supimos que el reinado de EE.UU. como la nación más grande del mundo llegaría eventualmente a su fin. Pero la mayoría de nosotros pensamos que nuestra caída, cuando se produjera, sería algo imponente y trágico. En cambio, lo que conseguimos, más que una tragedia, es una farsa mortífera (…) En vez de reencarnar el ocaso y la caída de Roma, estamos repitiendo la disolución de la Polonia del siglo XVIII”. Hay más voces en este coro.

Un artículo del semanario The Economist titulado “Estudio de una parálisis” (www.economist.com, 18-2-10) subraya que crece y crece la idea de que EE.UU. es “ingobernable”, en buena medida por la imposibilidad de Barack Obama de que se aprueben las leyes más importantes que ha propuesto. A un año de haber ganado las elecciones apoyado por una clara mayoría y de controlar tanto la Cámara de Representantes como el Senado, el presidente Obama no logra que se apruebe su meta prioritaria, la reforma del sistema de salud. Otras incertidumbres planean sobre temas importantes como la reducción del déficit presupuestario, la cuestión energética y la reforma financiera. Para los críticos, el sistema bipartidista facilita obstrucciones de la oposición republicana y el Congreso actual, en particular el Senado, son los grandes paralizadores.

Krugman recuerda un antecedente histórico: en los siglos XVII y XVIII, el Sejm o Parlamento polaco, integrado por nobles, debía ajustarse al principio de unanimidad para aprobar disposiciones. El desacuerdo de uno solo de sus miembros impedía la promulgación de una ley, imperaba la ingobernabilidad, Prusia, Austria y Rusia absorbieron a Polonia en 1795 y su “inexistencia” se prolongó un siglo todavía. El Nobel ilustra el caso estadounidense con un ejemplo menor: el nombramiento de Martha Johnson como directora de la administración de servicios generales, un cargo no político, pudo ser frenado durante nueve meses por el senador republicano Richard Shelby que, a cambio de aprobarlo, exigía que el gobierno financiara un proyecto edilicio en Kansas City. Esto, desde luego, jamás desembocaría en la disgregación de EE.UU.

Estas críticas, fundamentadas o exageradas, tienen un olorcillo electoral: aunque los comicios intermedios están lejos –se llevarán a cabo en noviembre próximo–, el triunfo de un republicano para ocupar la banca senatorial vacía por el fallecimiento del prominente demócrata Ted Kennedy, nada menos, elegido diez veces consecutivas y que ejerció su senaduría durante 47 años, alarmó al gobierno de Obama. Por otra parte, según las encuestas de varias empresas realizadas el mes pasado, los republicanos avanzan y podrían ganar en algunos lugares hasta por márgenes del 14 por ciento (www.pollster.com, febrero 2010). Las dificultades de la Casa Blanca no radican en su presunta incapacidad para gobernar. El tema es para quién gobierna.

Los ejecutivos de los grandes bancos, que Obama salvó de la bancarrota concediéndoles la inabarcable cantidad de 787 miles de millones de dólares de dinero público, están satisfechos: Wall Street va mejor y ellos se autopremian con bonos millonarios. En tanto, una encuesta de Gallup estima que cerca de 30 millones de estadounidenses, un 20 por ciento de la fuerza de trabajo, están desocupados o apenas se defienden con empleos de medio tiempo. Gallup interrogó a más de 20.000 adultos del 2 al 31 de enero y el 23 de febrero dio a conocer los resultados que, entre otras cosas, muestran que estos ciudadanos gastan en compras para el hogar un 36 por ciento menos que los otros, los que sí tienen trabajo. Varios millones ni eso podrán hacer cuando venzan sus seguros de desempleo.

(*) Fuente: La Bitácora de Gelman (www.juangelman.com)

Entre 1973 y 1990 la tasa de participación masculina en el empleo bajó del 88% al 83% mientras la femenina aumentó del 48% al 60%. La incorporación de la mujer al mercado de trabajo se produjo por dos razones: la primera, su deseo de ser reconocida como individuo y como ciudadano en una sociedad en la que tal reconocimiento depende sobre todo de los aportes financieros que procura un ingreso; la segunda, por la ineludible necesidad de trabajar frente al desempleo de los miembros masculinos de la familia. Pero esta incorporación se produjo en condiciones tan discriminatorias como las preexistentes, con el agravante de que la mujer fue utilizada como mano de obra de reserva para disminuir la retribución y ofrecer condiciones de trabajo desfavorables.

Si bien algunas mujeres eligen trabajar en lugar de permanecer en el hogar, la gran mayoría, especialmente en los países de menor grado de desarrollo, no lo hacen por elección sino por obligación. Cuando permanecen en el hogar se hacen cargo de una serie de tareas domésticas y de cuidado de personas y bienes, que a menudo son pesadas. Estas tareas las dejan fuera de la esfera del mercado de trabajo y se las califica de “económicamente no activas” aunque realicen actividades indispensables para la supervivencia y desarrollo de la familia y contribuyan, a veces, en industrias o artesanías destinadas al mercado. Las tareas domésticas, el cuidado y atención de personas (salud, educación, vestido, higiene) y de cosas que constituyen el patrimonio familiar es subvalorado. Esta subvaloración determina asimismo los bajos salarios que perciben las que trabajan como maestras de niños pequeños, enfermeras o empleadas domésticas.

La incorporación de la mujer al mercado de trabajo ha reducido el tiempo que ellas dedican a las tareas de reproducción (no sólo dar a luz sino también criar, alimentar, educar, cuidar de la salud y ayudar a la socialización de los hijos) y domésticas, pero ha reducido sobre todo su tiempo libre. La falta de tiempo libre obstaculiza no sólo su derecho al descanso y al esparcimiento sino también a la educación y a la participación en la vida cultural y científica. Cuando la mujer carece de tiempo para realizar todas las tareas de que está a cargo suele descargar una parte de ellas en sus hijas mujeres, lo que a menudo obliga a las niñas a abandonar la escuela. De este modo se encadena el círculo vicioso en que la mujer carece de la formación necesaria y debe aceptar los puestos de menor jerarquía, peor remunerados y de condiciones más duras.

II - La contracción del papel que desempeñaba el Estado en la economía, particularmente la drástica disminución del gasto social, perjudica más a las mujeres que a los hombres porque muchos de los servicios reducidos o eliminados las ayudaban a aliviar una parte de sus tareas familiares y a hacer compatible el empleo con la maternidad. La falta de servicios de guardería las obliga a aceptar empleos de tiempo parcial o a dejar a sus hijos al cuidado de otras personas, generalmente mujeres, lo que aumenta la carga de estas últimas. La privatización de los servicios de salud obliga a las mujeres de condición modesta a cuidar ellas mismas a sus enfermos. Como lo indica un documento de las Naciones Unidas:” hay cada vez más pruebas de que al aumentar la pobreza, el desempleo y el desamparo, las políticas de ajuste estructural llegan a exacerbar la violencia contra la mujer, ya que reducen su poder económico y aumentan su carga debido a la disminución o a la pérdida de servicios sociales.”

Las altas tasas de desempleo funcionan como factor de coerción en la negociación en que las empresas lograron disminuir los costos salariales con el fin, alegan, de resultar más competitivas. En las zonas industriales francas, en Mauricio, trabajaban hasta 1984 un 80% de mujeres. Ese año, el Gobierno decidió eliminar el salario mínimo para los hombres y el porcentaje de mujeres empleadas en esas zonas disminuyó al 66%., puesto que los hombres aceptaron salarios similares a los de las mujeres.

Desde el decenio de 1970 las tasas de desempleo no han dejado de crecer incluso en los años de mayor crecimiento económico. En 1998 había unos 165 millones de desocupados mientras en 2008 se estimaba esa cifra en 193 millones. La tasa total de desempleo era, en 2008, de 5.9% para los hombres y de 6.3% para las mujeres.

La diferencia en materia de desocupación entre hombres y mujeres es un indicador de discriminación. Pero lo es aún más la del acceso al mercado de trabajo. En todas las regiones del mundo la tasa de acceso al empleo de las mujeres es inferior a la de los hombre en relación con la población. En América Latina la tasa de mujeres con empleo era, en 1998, de 44.2% contra 82% para los hombres y en 2008 era de 52,6% contra 81,9% para los hombre. En Asia del Sur era de 36,7% para las mujeres contra 89,1% para los hombres en 1998 y en 2008, de 37,6% contra 86,2% para los hombres. En los países más desarrollados era de 48,3% para las mujeres contra 69,8% para los hombres en 1998 y de 50,4% contra 67,5% en 2008. Aunque la brecha parece haberse achicado tímidamente, la diferencia sigue siendo importante. Algunas mujeres de los países más ricos pueden haber elegido permanecer fuera del mercado de trabajo, pero en los países menos desarrollados no lo hacen por la falta de puestos de trabajo o por las presiones culturales. Las que permanecen en el hogar realizan infinidad de tareas domésticas y de cuidado de personas o de participación en industrias u otras actividades familiares, todas ellas no remuneradas, que a menudo cubren jornadas laborales más largas y pesadas que las del trabajo asalariado, pero que relegan a la mujer a la categoría de “fuera de la fuerza de trabajo” y realizando actividades no económicas.

III - La flexibilidad y la inseguridad en el empleo han reemplazado al pleno empleo con remuneración regular y de tiempo completo. Esta tendencia, conjuntamente con el desempleo, ha hecho que muchas mujeres con escasas calificaciones hayan sido empujadas al trabajo ocasional, temporal, doméstico o “independiente”, así como al trabajo a domicilio o a otras formas de trabajo (venta callejera, tratamiento de basura) o de servicios (atención de enfermos o ancianos a domicilio, etc.) generalmente no declarado, es decir, dentro del sector informal, no estructurado, fuera del control de las leyes y las instituciones. El trabajo informal carece de beneficios sociales (seguros por enfermedad o accidentes, licencias por maternidad, vacaciones pagas, etc.), de estabilidad (el empleador no está obligado a pagar indemnización por despido) y del derecho a una jubilación.

La situación de los trabajadores independientes en el sector no estructurado ha sido descrita en un informe sobre Burkina Faso donde se indica que el sector informal proporciona el 20% del producto bruto del país y permite vivir al 80% de la población urbana económicamente activa:” No tienen ningún tipo de seguridad social, no tienen maquinarias, les faltan las materias primas y otros productos necesarios, los canales de distribución son caóticos y tienen bajos niveles de educación, todo lo cual quita a sus productos la calidad para poder competir, por lo que a menudo tienen que dedicarse a varias ramas de actividad al mismo tiempo. No tienen acceso ni al capital ni a las garantías, por lo que les cuesta mucho obtener créditos…” El informe agrega que las mujeres son una impresionante mayoría en ese sector.

Las nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura suplantaron la mano de obra femenina en el campo y redujeron la participación de la mujer en la llamada población activa agrícola. En África al Sur del Sáhara, donde la mujer había tenido una situación favorable comparada con la de otros países subdesarrollados, según los indicadores de mortalidad, nutrición y salud, gracias a su importante función en el sistema agrícola, las nuevas tecnologías han desplazado esa función. También han contribuido a deteriorar la situación de la mujer los cultivos de exportación, que emplean mano de obra esencialmente masculina. Su acceso a la tierra ha disminuido, pues la adjudicación de tierras como consecuencia de los programas de ajuste estructural a menudo le han hecho perder sus tradicionales derechos de usufructo sobre tierras cultivables disminuyendo, en consecuencia, sus ingresos. La introducción de la propiedad individual y la reducción de los derechos comunales sobre la tierra han reducido el acceso de la mujer a recursos productivos también en Asia meridional.

IV - Como consecuencia del desempleo industrial y agrícola, muchos trabajadores se han visto obligados a migrar. Se calcula que la cifra de migrantes en el mundo asciende a 214 millones. Los migrantes representan el 3,1% de la población mundial y las mujeres representan el 49% de los migrantes. El 75% de los migrantes están en el 12% del total de los países. Ninguno de esos países, entre los que se encuentran los europeos y los Estados Unidos, ha ratificado la Convención de la ONU sobre Trabajadores Migrantes establecida para asegurar que los migrantes tengan iguales derechos que los trabajadores nacionales y para proteger también a los trabajadores indocumentados no sólo como entidades económicas sino como seres humanos con derechos.

Según un informe reciente del BID, los migrantes se han convertido en un elemento integral de los mercados laborales de los países industrializados (en Estados Unidos representan el 23% de los trabajadores del sector manufacturero y el 20% de los del sector de servicios). Pero la migración, a veces, está asociada con una reducción de las remuneraciones de los trabajadores de baja calificación en los países más desarrollados. Según este mismo documento “la mayoría de los trabajadores de la región que emigran a los países desarrollados se inserta en las franjas menos calificadas de la estructura ocupacional”…pero “los países más pequeños y menos desarrollados son los que padecen más el éxodo de profesionales.” La cantidad de mujeres que emigran es impresionante. Para las migrantes, se trata de una estrategia de supervivencia concebida para elevar los ingresos del grupo familiar, reduciendo al mínimo el vínculo que se efectúa a través del cabeza de familia varón con la desfalleciente economía nacional. Uno de los efectos más importantes de las migraciones es el flujo de remesas enviadas por los migrantes a sus familias y comunidades de origen. En 2008 los flujos de remesas mundiales superaron los 444.000 millones de dólares de los Estados Unidos, de los que 338.000 millones se destinaron a países en desarrollo.

Muchas mujeres van al servicio doméstico. Por ejemplo, en las Filipinas, que es el mayor país asiático de emigración, el número de mujeres que emigran supera al de sus compatriotas varones en la proporción de 12:1. La disminución de los servicios sociales ha generado, por parte de las familias acomodadas de los países desarrollados, un alza de la demanda de servicio doméstico. Los trabajadores domésticos inmigrantes que se alojan en el domicilio del empleador están particularmente expuestos a diversas formas de malos tratos ( verbales o físicos) en el lugar de trabajo que, en el peor de los casos han llegado a causar la muerte del empleado. Los malos tratos contra el empleado migrante incluyen insultos de tipo racista, que generalmente tienen por objeto humillar al trabajador y exigir su sumisión. El acoso y abuso sexual parecen ser corrientes, con graves repercusiones a largo plazo sobre la salud de los trabajadores, especialmente cuando las víctimas son niñas.

V - El trabajo forzado, a veces en condiciones de esclavitud, parece ser admitido en varios países receptores de migrantes para el servicio doméstico. En muchos otros, es una práctica corriente el trabajo infantil forzado siguiendo tradiciones consistentes en confiar niños de corta edad a adultos para que realicen tareas domésticas, en muchos casos demasiado pesadas y durante todo el día, sin salario ni derecho al descanso. Las mujeres, que son mayoría en este sector, y en particular las niñas, son las principales víctimas de la falta de normas que caracterizan a este servicio, pues varios países, al ratificar los respectivos convenios de la OIT, han excluido a los trabajadores domésticos del ámbito de aplicación de los mismos, por ejemplo, del Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981(núm. 185), del Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970, (núm.131) y del Convenio sobre la edad mínima, 1973.

Otra de las plagas que afecta principalmente a las mujeres y a los niños es el de la trata de personas para someterlas a trabajos forzados y a la explotación sexual, que existe en casi todos los países del mundo y es tolerado en muchos, entre ellos los más desarrollados. La nueva Confederación Sindical Internacional (CIS), resultado de la fusión de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) y la Confederación Mundial del Trabajo (CMT) publicó, en febrero de 2007, un informe sobre las normas fundamentales del trabajo reconocidas en la Unión Europea, donde dice:”Todos los Estados miembros de la UE han ratificado los dos Convenios fundamentales de la OIT sobre trabajo forzoso. Con todo, la trata de personas, esencialmente mujeres y niñas para destinarlas a trabajos forzosos y a la explotación sexual, es un problema, en cierta medida, en prácticamente todos los países.”

VI - Uno de los aspectos en que la discriminación contra la mujer se hace más evidente es el de la retribución y las condiciones de trabajo. Aparte de otras razones que influyen para agravar esta discriminación (migrantes, menores, baja calificación por falta de oportunidades para educarse o por provenir de zonas agrícolas) las mujeres sufren discriminación por el sólo hecho de serlo. Estudios recientes en Europa y Asia Central han demostrado que los avances en este terreno son muy lentos. Las mujeres ganan, como término medio, el 15% menos por hora de trabajo que los hombres. En Estados Unidos, varios estudios del National Committee on Pay Equality revelaron que la brecha entre los salarios de ambos sexos se estrecha muy lentamente. Un estudio de 2008 del International Poverty Centre proporciona indicadores de esas diferencias entre trabajadores adultos urbanos de Argentina, Brasil, Chile, El Salvador y Méjico que muestran que las mujeres perciben remuneraciones equivalentes al 80% de las de los hombres, menos en Argentina, donde perciben el 92%. Según datos oficiales de Argentina, las madres son las que sufren mayor discriminación, pues perciben remuneraciones que son casi un 20% menores que las de las mujeres sin hijos.

En febrero de 2007, la nueva Confederación Sindical Internacional (CIS) dijo en un informe: “En los Estados Miembros de la Unión Europea sigue habiendo una profunda brecha entre la legislación y la práctica con respecto a la iguadad entre hombres y mujeres. En Europa las mujeres ganan hasta un 40% menos que sus colegas masculinos, registran índices de desempleo más elevados y están escasamente representadas en los cargos directivos. La discriminación económica que sufre la mujer es particularmente grave en algunos de los Estados Miembros de Europa Oriental, donde las diferencias en el sector público suelen ser incluso mayores que en el sector privado.”

La discriminación contra la mujer tiene lugar no sólo en los niveles más bajos de la escala social, sino también en los más elevados. Las mujeres están subrepresentadas en los Consejos de Administración de las grandes empresas. Encuestas realizadas en once países europeos revelaron que, como término medio, las mujeres representan sólo el 14% de los miembros de dichos consejos. El promedio se eleva gracias a países como Noruega (41%) y Suecia (27%), pero otros países como Francia (9%), España (8%) y Portugal (3%) muestran que las mujeres son discriminadas en las promociones y sobre todo, en los cargos de dirección.

De los 3.000 millones de personas empleadas en el mundo en 2008, 1.200 millones eran mujeres. Sólo una pequeña proporción de las mujeres con empleo trabajan en la industria (en 2008, 18.3% contra 26,6% de hombres). La gran mayoría están en la agricultura y cada vez más en los servicios (en 2008 el sector servicios cubría un 46,3% del total del empleo femenino contra 41,2% para los hombres). Hay importantes diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a las condiciones de trabajo. A nivel mundial, las mujeres en empleos vulnerables (los que, según la OIT reciben retribuciones ínfimas, carecen de protección social y de la seguridad que los ponga a cubierto de la falta de trabajo y que no pueden ahorrar lo suficiente para los períodos de desempleo) incluye no sólo el trabajo informal sino también a quienes, teniendo empleo, no alcanzan a cubrir sus necesidades elementales, era el 52,7% contra 49,1% para los hombres.

Es característico de este período la creación de empleos remunerados por debajo de las necesidades mínimas de subsistencia. El derecho a tener un trabajo estable y a condiciones de trabajo dignas (o decentes, como lo reclama la OIT, atenuando la reivindicación de un derecho humano esencial) no tiene vigencia en la sociedad actual. Para incrementar sus beneficios, las empresas recurren a la extorsión, obligando a sus trabajadores a aceptar condiciones de trabajo y remuneraciones inferiores a las que tenían, cerrando lugares de producción (con el consiguiente desempleo) para trasladarse a países con mano de obra retribuida mínimamente e invirtiendo beneficios en el mercado financiero en perjuicio de la inversión productiva que les permitiría mantener las fuentes de trabajo. La carrera hacia la acumulación de riquezas parece no tener fin.

En el sector agrícola, las sociedades transnacionales (STN) tienen generalmente repercusiones negativas, tanto para la población como para las prioridades nacionales, pues están orientadas hacia la exportación y suelen desbastar los cultivos de subsistencia. Como a menudo invierten en tecnología destinada a optimizar la explotación, eliminan los métodos y cultivos tradicionales. En cuanto a la mujer, la privan de su papel tradicional en la agricultura y la obligan a emigrar, como ha sido dicho precedentemente. El empleo que ofrecen en el campo se caracteriza por ser estacionario y de tiempo parcial y se violan a menudo los derechos de los trabajadores a una retribución equitativa. En el caso de trabajadores migrantes sin documentos, se los hace trabajar en condiciones deplorables y reciben salarios ínfimos. En las plantaciones de las STN se emplea a niños que realizan tareas arduas y peligrosas. También es común el uso de productos agroquímicos como los PCB, el DDT y las dioxinas, que son contaminantes orgánicos persistentes.

VIII - Una parte de las inversiones directas de las STN en el extranjero se efectúa en las zonas francas de exportación. A mediados del decenio de 1980 había unas 176 zonas francas en 47 países en desarrollo, donde la STN empleaban 1.300.000 personas y 600.000 más en sitios similares a las zonas francas. Veinte años más tarde se estima que en el mundo hay 2000 zonas francas que emplean a 27 millones de trabajadores, de los cuales entre el 60 y el 90 por ciento son mujeres. Es difícil establecer la influencia de las inversiones directas de las empresas transnacionales en los diversos países a raíz de la actual tendencia a subcontratar, que prevalece en la gran mayoría de esas inversiones. La subcontratación suele fomentar el trabajo informal, que proporciona beneficios directos no sólo al subcontratista, sino también a las STN. El trabajo informal abarata los costos de mano de obra para dichas empresas porque la subcontratación (sea por empresarios locales o inversores extranjeros) libera a las STN de responsabilidad con respecto a los trabajadores, los que pierden los pequeñas ventajas que les daba el hecho de tener un empleo legal con ciertos beneficios sociales.

En algunas industrias, la amplitud de la subcontratación es tal que las sedes de las STN suelen ser meras oficinas administrativas.. En Malasia, por ejemplo, se subcontrata más de un tercio de la producción electrónica, textil y del vestido; en Tailandia el 38% de la ropa industrial es producida por trabajadores a domicilio y en las Filipinas del 25 al 40%.

Entre las ventajas económicas de que gozan las STN no está solamente la mano de obra de bajo costo, sino también una serie de beneficios que los gobiernos otorgan a los inversores. Por ejemplo, en Guatemala, la ley les otorga una suspensión temporaria del pago de los derechos arancelarios e impuestos a la exportación de materias primas, productos semielaborados, etc. hasta por el plazo de un año prorrogable por un año más y las exonera del impuesto sobre la renta por un plazo de diez años. Al cabo de ese período las empresas aparentan cerrar, pero en realidad cambian de nombre o trasladan su domicilio para seguir operando con esa ventaja. De este modo, los beneficios percibidos por los Estados receptores de las inversiones directas son pequeños y los que llegan a la sociedad mucho menores. Por otra parte, logran eliminar a las empresas nacionales que no pueden competir con ellas y hieren de muerte a los pequeños productores e industrias nacientes.

A pesar de las ventajas otorgadas a las STN, los trabajadores de las zonas de producción para la exportación o zonas francas no gozan de condiciones de trabajo dignas. Si bien en el pasado percibían salarios mejores que los ofrecidos por empleos locales, parece haber una tendencia hacia la nivelación de los salarios de las empresas transnacionales y los nacionales. La única ventaja de que gozan es una relativa estabilidad si están empleados en la industria directamente por la STN y no por uno de sus subcontratistas.

Por otra parte, están sujetos a una serie de violaciones a sus derechos, como las descriptas en un estudio sobre las maquilas en Honduras: despidos arbitrarios y a veces masivos (por cierre o para castigar a los participantes en actividades sindicales), suspensión de los contratos con el pretexto de falta de materia prima o de mercados para las exportaciones, incentivos a la producción cuyos premios no se cumplen, campañas de hostigamiento antisindical y maniobras para impedir que los delegados cumplan su función, malas condiciones de higiene y de seguridad laboral, contratos temporarios (se despide a los trabajadores al final del período de prueba), malos tratos psicológicos y morales (insultos, trato hiriente, gritos por parte del personal intermedio), horas extras obligatorias (bajo la amenaza de castigos o despido), falta de asistencia médica e incumplimiento de las obligaciones legales por incapacidad, enfermedad y maternidad; no pago de indemnizaciones por accidentes de trabajo (incluso por muerte), discriminación en la selección del personal por causa de edad, incapacidad o embarazo.

Las mujeres, ampliamente mayoritarias en algunas maquilas como la textil y del vestido, están sujetas a duras condiciones de trabajo, entre ellas, la discriminación sexual, las pruebas de que no están embarazadas para obtener un empleo, la violación de las leyes de maternidad y el acoso sexual por parte de sus superiores jerárquicos, además de los factores de orden general como el uso restringido de los baños, la carencia de agua potable, las jornadas excesivamente prolongadas, los ritmos de trabajo exigidos, la falta de ventilación y las humillaciones verbales sobre todo provenientes del personal encargado de la vigilancia.

IX - En la publicación de la OIT “Tendencias Mundiales del empleo” se dice que en los países en desarrollo continúa la tendencia hacia el empobrecimiento de los trabajadores, como ya se había observado en años anteriores. Los trabajadores que perciben 1,25 dólares de los Estados Unidos por día constituyen, en el mundo, el 19,4% del total de las personas con empleo y los que perciben 2 dólares por día son el 40,5%. La situación es particularmente grave en África al Sur del Sáhara, donde los primeros forman el 58.3% de los trabajadores y los segundos el 82,2% y en el Sur de Asia, donde esas cifras son de 39,5% y de 79,7%. Aunque los indicadores de la pobreza por sexo son escasos, existen pruebas de la diferencia entre los sexos. En la India, por ejemplo, la última encuesta sobre la fuerza de trabajo (2004-2005) reveló que sólo una de cada tres mujeres mayores de 15 años está clasificada como económicamente activa contra 83% de los hombres. Las mujeres que trabajan están sujetas a una incidencia de la pobreza más alta: 36% de esas mujeres ganan un dólar por día contra 30% de los hombres. El 86,4% de las mujeres que trabajan viven con su familia con menos de dos dólares por persona y por día contra 81,4% de los hombres. Pero las niñas sufren una carga desproporcionada: mientras las mujeres de más de 15 años constituyen el 27% de las personas con empleo en India, las niñas constituyen el 42% del total de niños con empleo.

Las mujeres se encuentran entre las principales víctimas de la pobreza, según la regla general de que, cuanto más bajo en la escala social están los individuos o los grupos, más graves son para ellos las consecuencias de las políticas o de las crisis económicas. Según la OIT “varios estudios han demostrado que la distribución flexible del tiempo de la mujer ha sido uno de los aspectos que forman parte de la adaptación a la pobreza creciente; las mujeres han aumentado el tiempo que dedican a las actividades productivas y comunitarias, con frecuencia a expensas del trabajo en el hogar, del cuidado de la familia y de su propio tiempo libre”.

Como se dijo en un documento de las Naciones Unidas “hay cada vez más pruebas de que al aumentar la pobreza, el desempleo y el desamparo, las políticas de ajuste estructural llegan a exacerbar la violencia contra la mujer, ya que reducen su poder económico y aumentan su carga debido a la disminución o a la pérdida de servicios sociales”.

(*) Fuente: www.argenpress.info .

No hay perspectivas de que  Gran Bretaña vuelva a una gestión económica keynesiana; tampoco de que EE.UU. recupere un New Deal rooseveltiano o de que algún país continental renueve los niveles de protección humana asociados con la democracia social  europea.

La rueda capitalista sigue girando y nuevos países son arrastrados a crisis a duras penas manejables. Las dificultades que a estas horas experimentan los desdeñados PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia y España “Spain”) llevan en sí las señas de identidad de la precrisis que asoló al mundo hace poco. En esos cuatro países europeos el déficit fiscal, las empresas amenazadas de quiebra, los bancos que no pueden recuperar lo prestado y el desempleo en aumento vertiginoso, eran también los datos que mostraban los EE.UU, a comienzos del 2008.

La burbuja inmobiliaria en España acaba de explotar como lo hizo en el país del Norte. Miles de millones de euros fueron prestados y ahora no tienen retorno. Los consumidores no pagan porque no tienen cómo hacerlo y los prestamistas (bancos y empresas) se las ven negras. Se trata de la lógica del capital en acción: se inventan negocios que, a la postre, resultan un fiasco. Y ello no es casual. Se procede así porque la mentada lógica capitalista exige, año a año, balances positivos que superen a los del período anterior. Si ello no sucede, el giro económico, comercial y financiero se estanca y, con ello, aparece el fantasma de las bancarrotas en cadena. La tasa de ganancia, en el sistema capitalista, tiende a caer y hay que impedirlo a toda costa. Incluso inventando negocios virtuales que se traducen en asientos contables que parecen ganancias pero que, en realidad, constituyen una masa de papel moneda (llámese a este papel dólar o euro) que no tiene detrás sustento alguno en mercancías o productos tangibles. Así, llega la hora del “crac”.

Los sudacas y la crisis

Es posible que los mercados sociales europeos sean tan productivos como los libres mercados estadounidenses. Pero ello sería visible en el largo plazo. En el corto, y en el marco de las rivalidades de un libre mercado global, no pueden, sencillamente, ser competitivos a nivel de costos.

Las socialdemocracias europeas que imaginan que las economías sociales de mercado pueden reconciliarse con un libre mercado global no han entendido las nuevas circunstancias en las que se encuentran las sociedades industriales avanzadas. Serán transformadas o destruidas por la industrialización de Asia y por la entrada a los mercados mundiales de los países poscomunistas y, tal vez, de Brasil.

Las condiciones que confieren una ventaja estratégica al libre mercado con respecto a las economías sociales de mercado del período de posguerra son las de un libre comercio global desregulado en conjunción con una movilidad de capital global sin restricciones.

Se trata de una ventaja que opera como tal en lo inmediato. Pues, a largo plazo  -lo acabamos de afirmar- aparecerán las crisis: el comercio desregulado y la “movilidad” del capital conducen al desastre.

Obama, en EE.UU. superó, por ahora, lo peor de la crisis inyectando dinero en el mercado. En menor escala, el Fondo del Bicentenario, aquí, significa inyectar dinero en el mercado no para superar una crisis que el gobierno argentino sorteó con éxito, sino para fortalecer el mercado interno y para desendeudar al país. Con ello, se crean condiciones para la inversión reproductiva, ya sea nacional o extranjera.

Claro que la particularidad del caso argentino es que los partidos que aplaudieron a Obama critican a Cristina Kirchner por hacer lo mismo. Si el presente y el futuro de un país pueden medirse por la calidad de su debate político, el panorama que ofrecen en la Argentina los radicales, los cívicos de Carrió, los socialistas y los “disidentes” del tipo Reutemann es, francamente preocupante.

Y volviendo a la economía global, nos parece vislumbrar que los países de nuestra región han sabido sortear los efectos del terremoto financiero debido al rol interventor del Estado en la economía. Más Estado en Brasil y Argentina ha significado que hoy el comercio entre ambos países vaya en aumento con tendencia a superarse. A su vez, la mayor distancia que ambas economías han puesto respecto del mercado financiero mundial ha rendido sus frutos. Los remezones en el centro del sistema llegan a nuestra periferia no como tsunamis sino como olas fuertes y encrespadas pero que se pueden “surfear”. El margen de maniobra con que cuenta Latinoamérica es estrecho en cuanto a participar del comercio mundial globalizado preservando la autonomía y la soberanía en las decisiones. En ese sentido, la reforma de la carta orgánica del Banco Central para convertirlo en un instrumento para el desarrollo y la industrialización y no en una caja que garantiza la seguridad y los negocios de los grandes bancos, va en el sentido correcto. Con todo, a la Argentina le falta un nuevo Banco Nacional de Desarrollo y a la región un Banco del Sur.

Capitalismo y ecosistema

Un caso particular, relacionado con lo que venimos apuntando, toca de cerca a la Argentina y al Uruguay. Si consideramos los costos medioambientales, podemos advertir que éstos o se “internalizan” con un régimen impositivo que obliga a reflejarlos en los costos de las empresas; o se “externalizan”, es decir, no se paga por el daño que el emprendimiento ocasione a la sociedad y/o a la naturaleza.

Si los costos medioambientales se internalizan, esas empresas estarán obligadas a competir en un mercado global con las empresas de otros países que no pagan esos costos medioambientales. De este modo, quedan en una desventaja notoria y letal.

El libre mercado global “externaliza” costos que los países ricos internalizan. En las economías sensibles a las cuestiones medioambientales (países ricos) las políticas impositivas y regulatorias se diseñan de tal manera que las empresas deben asumir los costos que sus actividades imponen a la sociedad y a  la naturaleza. O sea, si la empresa daña el ambiente, paga. Y paga mucho. Los libres mercados globales imponen fuertes presiones sobre este tipo de políticas. Los bienes producidos por empresas responsables en cuestiones medioambientales son más caros que los bienes producidos por las empresas que tienen libertad para contaminar.

Si las sociedades avanzadas pueden proteger su medioambiente de esta manera (como Finlandia, por ejemplo), es, en parte, porque pueden exportar su contaminación trasladando la producción a países del tercer mundo en los que los estándares medioambientales son más flexibles. Los países avanzados pueden seguir limpios a expensas de otras partes del mundo que se vuelven más sucias.

Un estudio realizado en 1993 sobre diez mil compañías alemanas de tamaño medio descubrió que la tercera parte de ellas estaba planeando transferir parte de su producción a otras regiones el mundo, como por ejemplo, la Europa oriental poscomunista, donde los salarios eran más bajos y la legislación medioambiental más débil.

La actual crisis que protagonizan Argentina y Uruguay en torno de la construcción de la pastera Botnia (finlandesa) en la margen izquierda del río Uruguay, así como los acuerdos militares unilaterales que Paraguay ha realizado con los EE.UU. dan cuenta del objetivo geoestratégico de los EE.UU. en nuestra región: tornar inviable el Mercosur.

El tema geopolítico, empero, es más amplio. Y todo está relacionado. Otros componentes del escenario son las  bases militares en Colombia, la IV Flota navegando las costas de Latinoamérica, el cerco a Venezuela y el fomento de la desestabilización del socialismo bolivariano; las rotas relaciones de EE.UU. con Bolivia y los intentos de desestabilizar al gobierno argentino (la oposición política; las patronales agropecuarias, la iglesia católica, los diarios Clarín y La Nación y remanentes ideológicos del terrorismo de Estado que conversan a escondidas con Duhalde constituyen, todos ellos, actores que juegan aquí en sintonía fina con Washington, aun cuando algunos de esos actores ni se lo imaginen).

(*) Fuente: Agencia La Oreja que Piensa.