Por Nelson del Castillo (*), desde San Juan de Puerto Rico.- Con gran acierto, la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, determinó decretar el 15 de marzo un cierre forzado que paralizó las actividades del país, con excepción de aquellas esenciales enmarcadas en una emergencia, y un toque de queda con el propósito de contener la propagación del nuevo coronavirus.

En este sentido se adelantó a muchas otras naciones, incluida España, y superó a diversas jurisdicciones de Estados Unidos que no vislumbraron las consecuencias de la pandemia que ha llenado de temor a la humanidad.

Junto a estas decisiones la mandataria creó un task force médico, integrado por prominentes galenos puertorriqueños dispuestos a asistir en la crisis que asomaba y que actualmente supera las 85 muertes y más de 1.375 casos positivos al Covid-19 en una población de 3,5 millones de habitantes.

Dentro de un marco de deficiencias del organismo de salubridad pública para dar seguimiento a los casos positivos del nuevo coronavirus, surgió un zarpazo de la compañía Apex General Contactors, que amplió a última hora su ámbito de negocios a la salud para vender un millón de pruebas de detección del Covid-19, a razón de 38 dólares cada una.

La empresa, cuyos ejecutivos están vinculados al anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), de gobierno, solicitó y obtuvo en horas 19 millones de dólares de adelanto del contrato de 38 millones, lo que alertó al Oriental Bank cuando se intentó hacer una transferencia a otra institución en Colorado, en Estados Unidos, que evitó por resultar una actividad sospechosa.

Esto impidió que el pueblo puertorriqueño fuera estafado por el propio gobierno en contubernio con la empresa Apex, contrato que la gobernadora Vázquez Garced defendió su legitimidad con vehemencia y que actualmente se encuentra bajo pesquisa del Ministerio de Justicia de Puerto Rico y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Otra compañía, 313 LLC, utilizó el mismo procedimiento de Apex para ampliar sus objetivos a la medicina con el fin de proveer al gobierno de pruebas rápidas a precios exorbitantes.

Previo a este momento, el ministro de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, y la epidemióloga del Estado, Carmen Deseda, habían sido destituidos después que por separado retaron importancia al nuevo coronavirus, bajo la premisa el primero de que Puerto Rico no recibía vuelos directos de la República Popular China y la segunda de que el virus había llegado a Italia porque está cerca de la nación asiática.

La ministra en funciones de Salud, Concepción Quiñones de Longo, renunció luego de que desde La Fortaleza, sede del Ejecutivo en el Viejo San Juan, le dieran 20 minutos para que firmara el multimillonario contrato de Apex General Contractors.

La llegada del nuevo ministro de Salud, Lorenzo González Feliciano, comenzó a darle dirección al organismo, lo que no ha resultado fácil.

Mientras en Puerto Rico se intentaba estafar al pueblo, el gobierno de Cuba no sólo daba respuesta a la pandemia, sino que expandía su solidaridad médica a Italia y a otras naciones. Igual le ofreció asistencia a Puerto Rico, mas debido a la dominación colonial que ejerce Estados Unidos desde 1898, el gobierno puertorriqueño ni siquiera dio respuesta a la propuesta que llegó a través del Comité de Solidaridad con Cuba.

La República Popular China también ha evidenciado un gran sentido de solidaridad con otros pueblos frente a la pandemia, y en Puerto Rico la Cámara de Comercio de China entregó ayuda al gobierno de Vázquez Garced en la lucha contra el coronavirus.

Esto marca la diferencia entre la solidaridad y el interés de lucro de ciertas empresas en medio de la tragedia que abate a la humanidad y que mantiene a Puerto Rico en cuarentena, asediado por la corrupción.

(*) Secretario General de la Federación Latinoamericana de Periodistas – FELAP.