Por Ernesto Carmona (*).- Entre enero y noviembre de 2017 en ocho países de América Latina fueron asesinados 37 periodistas, más otro que se añadió a la fatídica lista de 27 desapariciones forzadas de comunicadores en México, donde ocurrieron 22 asesinatos, hombres y mujeres con nombre y apellido ejecutadas (os) con violencia en circunstancias de público conocimiento, pero por razones desconocidas algunas de estas muertes son ignoradas por ciertas ONGs dedicadas a esta tarea, que así reducen notoriamente las cifras de este siniestro balance en los grandes medios de prensa.
Dos asesinatos acontecieron en Colombia, uno en El Salvador, dos en Guatemala, cinco en Honduras, dos en Perú, dos en República Dominicana y uno en Venezuela, según el registro de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (Ciap) de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap).
También hubo numerosas denuncias fundadas de intentos fallidos de asesinato, golpizas, espionaje telefónico del gobierno de México a los periodistas, amenazas de muerte, además de muchos otros atentados afines en diferentes países de la región, en particular México y Honduras.
La muerte a manos de sicarios pagados por la corrupción política y su principal padrino de hoy, el narcotráfico, sin perjuicio de otros poderosos actores del delito económico en grande, elimina sistémicamente a periodistas críticos, libres de compromisos anti-éticos. Esta “limpieza permanente” se efectúa en total impunidad, en complicidad con sistemas políticos permeados hasta los tuétanos por el envilecimiento generado por la corrupción generalizada. Todo esto ocurre en una región del mundo donde no existe ninguna guerra y, teóricamente, reinaría una paz social envidiable en presuntos “países democráticos” muy pregonados de esta parte del mundo.
Bajo el denominador común de la impunidad absoluta en países con bastante anomia social, los periodistas viven estresados porque cualquiera puede ser la próxima víctima, pero el atentado definitivo contra un periodista decente no es la única agresión que constantemente sufren reporteros y reporteras de medios pequeños y medianos, y corresponsales de diarios nacionales, principalmente en las provincias y estados. Los periodistas de Ciudad de México, que no parecían tan afectados por los atentados, denunciaron espionaje telefónico y computacional masivo del gobierno con tecnología israelí.
El gremio se siente impotente, pero marcha clamando justicia y protección de verdad en diferentes ciudades de México. Los periodistas no pueden formar bandas armadas para auto defenderse y preservar su derecho a la vida, asumiendo un rol que le corresponde a cualquier Estado que se precie de civilizado. En cambio, trabajan con temor y luchan silenciosamente para que la autocensura no cale hondo ni los inhiba a cambio de sus propias vidas, ante la indiferencia de los poderes reales, formales y fácticos.
Incluso, algunos diarios se cierran para preservar la vida de su personal. Otros medios prefieren ignorar la noticia de los asesinatos o desconocer la condición de periodistas y trabajadores de la información de las víctimas, sobre todo cuando se trata de indígenas, reporteros no famosos o sencillos trabajadores no mediáticos del periodismo. Las leyes de protección son ineficaces, en particular la que está vigente en México.
Lista contra el olvido: María Efigenia Vásquez Astudillo y Elmer Agudelo Vidales (Colombia); Samuel Jonathan Rivas (El Salvador); Manuel Salvador Trujillo Villagrán y Vilma Gabriela Barrios López (Guatemala); Carlos Oveniel Lara Domínguez, Osmin Antonio España Chávez, Carlos William Flores, Víctor Fúnez y Igor Abisaí Padilla Chávez (Honduras); Juan Jaimes Jaimes, Cecilia Méndez, Ernesto Martínez Moreno, Edgar Daniel Esqueda Castro, Javier Lucero, Juan Carlos Hernández Ríos, Cándido Ríos Vásquez, Luciano Rivera Delgado, Edwin Rivera Paz, Pablo Martín Obregón, Alejandro Zepeda Ortiz, Salvador Adame Pardo, Marcela de Jesús Natalia de la Cruz, Erik Ernesto Bolio López, Jonathan Rodríguez Córdova, Javier Valdez Cárdenas, Filiberto Álvarez Landeros, Juan José Roldán Ávila, Maximino Rodríguez Palacios, Miroslava Breach Veducea, Ricardo Monlui Cabrera, Cecilio Pineda Birto y Carlos Alberto García Martínez (México); Julio César Moisés Mesco y José Feliciano Yactayo Rodríguez (Perú); Luis Manuel Medina Pérez y Leónidas Antonio Evangelista Martínez (República Dominicana); Arnaldo Enrique Albornoz Bracho (Venezuela).
Nota:
CIAP-FELAP registra todos los atentados de que tenga conocimiento, procurando datos completos sobre identidad, edad, lugar y circunstancias del crimen, pero no tiene capacidad para hacer un seguimiento judicial de los móviles específicos de cada caso, ni verificar las interpretaciones, explicaciones o pseudo “investigaciones policíacas científicas”, a modo de ejemplo bastante frecuentes en las fuentes oficiales mexicanas.
(*) Escritor y periodista chileno. Presidente de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas de la Federación Latinoamericana de Periodistas (CIAP-FELAP).
