Por Factor Méndez Doninelli (*), desde ciudad de Guatemala.- Guatemala es un país centroamericano, subdesarrollado, multiétnico y pluricultural donde la pandemia de la Covid-19 está fuera de control por la incapacidad del Gobierno. El colapso del sistema de salud, el aumento de contagios, con las unidades de cuidados intensivos rebasadas en su capacidad, y el incremento de pacientes fallecidos, son claras evidencias frente a la existencia de las variantes Delta, Alfa y Beta.

Con respecto a la vacunación de sus habitantes, Guatemala en América Latina ocupa uno de los últimos lugares, hasta ahora sólo el seis por ciento han sido protegidos con dosis completa debido a varias circunstancias como la escasez de vacunas, la lentitud en el proceso de inmunización, la concentración en las áreas urbano-céntricas y los hechos de discriminación y exclusión que suceden y se denuncian.

En Guatemala el costo social por la pandemia crece, no se detiene, desde que se decretó la emergencia sanitaria en marzo 2020, es decir, hace diecisiete meses, hay un acumulado de víctimas que cierra agosto con más de once mil quinientos fallecidos. Según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ocho de cada diez fallecidos por Covid, son mayores de 50 años y no estaban vacunados. 

El Gobierno guatemalteco tuvo tiempo suficiente para planificar y combatir con eficacia y eficiencia esta mortal enfermedad, pero no lo hizo, tampoco se ocupó de fortalecer el frágil sistema de salud nacional, ni de prepararse para enfrentar las olas de contagio que ocurren y castigan a sectores sociales vulnerables, como los pueblos indígenas, las mujeres, los campesinos, la niñez y adolescencia, la juventud, la diversidad sexual y los discapacitados. 

Los hospitales nacionales en todo el país funcionan en condiciones difíciles, desbordados en su capacidad tanto de camas como de espacio, con unidades de cuidados intensivos atiborradas hasta el tope, con personal profesional y técnico insuficiente, con escasez de equipos e insumos, de medicamentos, camillas, oxígeno o aparatos para entubar pacientes.

En esas condiciones, los derechos humanos de la población guatemalteca son violados por el Estado como consecuencia del mal Gobierno y los actos de corrupción y opacidad que lo rodean. 

En este país centroamericano son comunes las reiteradas denuncias públicas de los profesionales de la salud que atienden en estos hospitales, emiten declaraciones, publican comunicados, convocan a conferencias de prensa, envían cartas a la Ministra de Salud, Amelia Flores, hacen ver la difícil situación que se soporta en el sistema de salud, suplican a la población para que no lleve pacientes a los hospitales por falta de espacio, hacen desesperados llamados de atención al Presidente Alejandro Gimmattei, para que asuma su responsabilidad ante la emergencia sanitaria, que todos los días arrebata nuevas vidas de mujeres y hombres de todos los grupos etarios y étnicos sin distinción. 

La protesta de médicos y enfermeras no tiene eco en los gobernantes y ocurre cuando además de la crisis sanitaria, hay otra crisis política coyuntural motivada por el pésimo manejo de la pandemia, por la opacidad en la administración de los fondos públicos y los presuntos actos de corrupción e impunidad cometidos por altos funcionarios de los tres poderes del Estado, lo cual ha provocado la petición de renuncia del presidente Giammattei, de la Fiscal General Consuelo Porras, la depuración del Congreso Nacional, del Tribunal Supremo Electoral y la convocatoria a una Asamblea Plurinacional Constituyente. En los últimos tres meses han ocurrido movilizaciones ciudadanas, bloqueo de carreteras y convocatoria de las autoridades indígenas a un paro nacional. La gente exige un nuevo Pacto Social. 

La población sabe que el Gobierno no trabaja a favor del bien común y que, a pesar de la aprobación de miles de millones de quetzales para atender la emergencia sanitaria, el país atraviesa por una crisis de salud sin precedentes, con un sistema ineficaz, insuficiente e incapaz para atender la demanda de hospitalización de sus habitantes. 

(*) Periodista guatemalteco. Miembro de la Asociación de Periodistas de Guatemala APG.