Por Juan Chaneton (*).- Si alguna consecuencia estratégica tuvo el abrupto final del ALCA en Mar del Plata, en aquel ya lejano 2005, ésta fue la irrupción y gradual consolidación del eje Caracas, Brasilia, Buenos Aires como referencia política y cultural latinoamericana. Los tres países pasaron a constituir la viga maestra sobre la que se apoyaba una construcción jurídico-política de dimensión continental y cuya masa crítica de contenido era la soberanía energética, alimentaria, de los recursos naturales y de la política exterior de los Estados centro y sudamericanos que habían dado inicio a un ciclo histórico  signado por la autonomía y la independencia respecto de Washington.

Los hechos que vive hoy nuestro continente  -es decir, casi veinte años después de aquella clarinada independentista inicial que fue la fundación, en la Venezuela de 1997, del Movimiento Quinta República por parte de Hugo Chávez-  agudizan la percepción de que la destrucción de aquel eje geoestratégico  -que componían Argentina, Brasil y Venezuela-  fue el primer punto del programa que el Departamento de Estado rediseñó a partir de la catástrofe vivida por el presidente George W. Bush en Mar del Plata en el referido año 2005.

El eje anglosajón-israelí (Washington-Londres-Tel Aviv) no  juega lo esencial de sus intereses en Latinoamérica sino en Medio Oriente y de  cara a su enfrentamiento con Rusia, China e India, pero sin una recomposición de su hegemonía sobre nuestra región aquel enfrentamiento tiene destino de derrota para EE.UU. toda vez que nuestros recursos y biodiversidad nos erigen en sedicente retaguardia estratégica de un imperio que busca, con enconado afán, detener su declive y  marchar hacia un orden unipolar que no sea discutido por nadie.

Han podido, hasta hoy, doblegar, por ahora, a la Argentina y a Brasil pero, curiosamente, no logran hacerlo con el presidente Maduro en Venezuela y este hecho pasa a ser una nuda existencia que golpea por solo acto de presencia y que desafía la imaginación y la crítica de toda la militancia continental, jugada a defender lo logrado y a avanzar todavía más en el camino de la justicia social y la construcción de ciudadanía política y de humanidad para los pueblos del continente.

Ello se debe a que los procesos soberanistas que alumbraron en el pasado reciente, si bien mostraron sus límites, también exhibieron, aun cuando borrosamente, los atajos y las vías para encaminar a los pueblos hacia una consolidación de las conquistas que torne irreversible la transformación social.

La obligación jurídica de avanzar hacia formas nuevas de organización dentro de una legalidad pensada para evitar toda transformación era el alerta rojo más evidente que mostraban nuestros procesos soberanistas. Pero ello se podía subsanar con una participación popular que fuera más  allá de la ciudadanía para el consumo y empoderara al pueblo en sus organizaciones propias  -viejas y nuevas- incorporando, así, ese “poder dual”, a la nueva Constitución, es decir, a la nueva legalidad que iba naciendo. Esto último ocurrió (está ocurriendo) en Venezuela. Lo primero, en cambio (la ciudadanía para el consumo), fue lo tanático no querido de los procesos argentino y brasileño.

Aquí no se pudo construir nada “desde abajo” y no quedó más opción que someterse a la Constitución, aunque esa Constitución fuera más la de un bloque granpropietario que la de la inmensa mayoría de los trabajadores y el pueblo.

Y así, todo el proceso luce surcado por contradicciones disímiles y variopintas. En primer lugar, el voto popular puede consagrar tanto el NO en Colombia como a Macri en Argentina, pero también fue herramienta muy apta para consolidar el camino soberanista latinoamericano que empezó con la Revolución Bolivariana.

De modo que, en nuestro continente, se intenta desnaturalizar la democracia mediante el voto (fenómeno actual y en pleno desarrollo) pero también con el sufragio se la pudo profundizar y darle un nuevo contenido (fenómeno estancado o en retroceso, según los países).

En la base de esta contradicción habita otra: la que opone el principio jurídico de la supremacía constitucional al principio político de la soberanía popular. Y esto tiene su breve historia.

La así llamada democracia nació en torno a la asamblea ciudadana de la polis griega para derivar luego hacia una distribución del poder entre monarquía, nobleza y clases medias -que fue el  fruto más típico de la revolución puritana de 1648 en Inglaterra- y consolidarse, finalmente, bajo la forma republicana diseñada por Montesquieu hace doscientos cincuenta años.

Aquella forma inglesa (insular) de la democracia burguesa requería, para su funcionamiento, de un “derecho consuetudinario” refractario, por definición, a toda codificación (common law). La forma europea (continental), en cambio, pasó a descansar en el derecho escrito y en la “Constitución” como código político supremo al cual era necesario que se  sometieran todos los miembros de la comunidad (estado de derecho).

El problema radicó, desde el principio, en que este sistema continental europeo dejó abierta una contradicción que no podía nunca resolver y a la que hemos aludido más arriba: la que enfrenta al principio jurídico de la supremacía constitucional con el principio político de la soberanía popular. En este punto, son Montesquieu y Rousseau los campeones de uno y otro principio. Ello explica, de paso, por qué en la épocas de dictadura militar (y ahora también) en los ámbitos académicos (de la Argentina, por lo menos), se hacía conocer más a aquél  principio jurídico “supremacista” y menos a este otro principio popular-soberanista, al tiempo que se prefería enfatizar más la “república” (ejecutivo, legislativo y judicial) que la democracia (el pueblo es el soberano en última instancia).

Los frutos que germinaron de este choque contradictorio lo hicieron porque los regó el pueblo con sus pronunciamientos y decisiones electorales y movilizaciones callejeras.

En los últimos veinte años, la parte rica, privilegiada y opulenta de la sociedad de  América Latina, ha creído asistir a una suerte de Walpurgis criollo, en el cual brujas, muertos y demonios, cual infernal epifanía, cobraban súbita vida y  se entregaban a un insólito aquelarre que subvertía la naturaleza de las cosas. En las cabezas de una élites siempre dominantes en el contexto centro y sudamericano, todo semejaba una danza macabra durante la cual la sempiterna pobreza daba su presente y los desde siempre excluidos y expulsados decidían bajar al ágora donde se ventilaban los asuntos públicos, desde las montañas de Caracas, las favelas brasileñas o el conurbano proletario y popular de la Argentina.

Se trataba de la soberanía popular en acto, pero desenvolviéndose en el marco de un corset llamado “principio jurídico de la supremacía constitucional”. Y tal vez aquí haya estado el punto a resolver: todo avance  social, por profundo que sea, es transitorio  si deja con representación política a los enemigos de ese avance. Es a este tipo de situaciones, que se mueven en registro de “callejón sin salida”, a las que los griegos llamaban “aporía”.

La movilización popular tiende, inercialmente, a la ruptura de la legalidad constitucional  y la consecuencia de esto es que, de ese modo, la obtención de más poder político para la clase obrera y el pueblo es un retoño que fructifica y madura. Una fuerza de igual intensidad y sentido contrario procura contener a esa movilización en los límites que fija la Constitución e, incluso, recortando derechos políticos y sociales ya adquiridos. La resultante de este choque de fuerzas es, como en la física, un vector o tercera fuerza que corre en un tercer sentido: el equilibrio inestable entre statu quo y revolución social.

En los avances y retrocesos que está experimentando el proceso social latinoamericano late esta contradicción y nada sabemos aún acerca de cómo superarla. Pero en eso andan los pueblos. El factor distorsivo es la injerencia estadounidense en los asuntos internos de nuestros países y su fuerza  puesta siempre a disposición de los partidos y dirigentes que expresan, como aspiración no por vieja menos anhelada,  el “libre comercio”, el mercado como regulador exclusivo de los asuntos públicos y un Estado reducido que no interfiera en la oferta y la demanda, y  todo esto es la ortodoxia neoliberal.

Lo que antecede es una prieta síntesis de los rasgos generales y comunes al continente latinoamericano y a sus procesos soberanistas. Sobre este telón de fondo (la contradicción entre legalidad burguesa y soberanía popular) se recortan las especificidades de cada país o formación social.

En este sentido, Venezuela parece haber avanzado más que los demás en el camino de la construcción de poder popular. No se puede decir que la Constitución Bolivariana de 1999 sea, sin más, una Constitución burguesa. Parece más preciso decir que expresa la relación de fuerzas a que han arribado, en ese país, las clases sociales en lucha. Y ese orden legal  -expresado hoy en ese instrumento, pero abierto siempre a ulteriores profundizaciones-   es hechura del pueblo venezolano que, durante buena parte de su marcha hacia un socialismo de nuevo tipo, se expresó a través del ya eterno Hugo Chávez.

Brasil es un caso también curioso. Parece haber quedado a merced de gerentes de unos Estados Unidos que ya no esconden su objetivo de destruir toda independencia y autonomía del gigante sudamericano, que supo estar  aliado (formalmente, todavía lo está) a Rusia y a China en el marco de los BRICS.  Dinamitar los espacios integrativos latinoamericanos es el otro designio geoestratégico estadounidense. América desunida, única vía para que América sea para los norteamericanos, es la versión posmoderna de la doctrina Monroe.

Una insegura y todavía indefinible perspectiva de oposición a estos crímenes del imperio en colusión con las mafias económicas, políticas y religiosas de Brasil, parece ser el retorno de Lula a la palestra electoral. Pero  -como con Cristina en Argentina-  su persecución política bajo disfraz judicial busca sacarlo de la cancha para las  presidenciales del 2018. Sobre este punto, nada es predecible de modo definitivo por ahora. Sólo cabe consignar, como dato que fortalece la dirección de fin de ciclo soberanista en Brasil, que el Legislativo aprobó la ley que impide el gasto social (y, con ello, la inclusión) por veinte años. Eso es darle legitimidad formal a un ajuste brutal y eso sólo se hace cuando se cuenta con considerable fuerza política. No obstante, estamos ante un final abierto en nuestro vecino sudamericano. El PT, golpeado pero no vencido, y las bases populares no han reingresado todavía al escenario a recitar su texto. Se preparan, a estas horas, para ello.

En la Argentina es fácil mirar para atrás en su historia y comprobar que a este país o lo para la CGT o no lo para nadie. Los movimientos sociales juegan su magnífico rol en el escenario político  pero no pueden suplir al director del drama: el proletariado industrial  del conurbano bonaerense, los aglomerados fabriles de Riberas del Paraná y el complejo industrial Córdoba. Allí se jugará la partida porque allí se ha jugado siempre en la historia política y social de este país.

El macrismo en la Argentina habría pisado a fondo el acelerador de la ortodoxia neoliberal que no se agota, por cierto, en la feroz transferencia de ingresos que ha operado el nuevo gobierno desde el sector asalariado hacia los dueños de la tierra fértil de la pampa húmeda, las compañías mineras y las corporaciones mediáticas.

No ha podido hacerlo porque está todavía demasiado fresco el recuerdo de cómo vivían las masas trabajadoras pocos años atrás y para ganar las elecciones de medio término del 2017 el gobierno “Cambiemos” necesita, muy a su pesar, mantener cierto nivel de gasto social. Si, pese a todo, resultara ganancioso el año que viene, una oscura noche neoliberal envolvería al pueblo de la patria, y sin luz al final del túnel, mucho más con una parte sustantiva de la dirigencia obrera que ha sacrificado la calidad de vida de los trabajadores en el altar de la caja para las obras sociales y que negocia con el gobierno todo el tiempo.

Pero los procesos soberanistas de América Latina han avanzado más allá de lo que sus mismos  artífices creen haberlo hecho y han dejado (y están dejando) un sedimento cultural que integra ya el acervo ideológico de las clases trabajadores y de los pueblos en general.  La madurez de las condiciones objetivas del cambio social no siempre se corresponde con la conciencia subjetiva de los actores sobre esas mismas condiciones materiales.

Al parecer, todo se halla en transición hacia lo desconocido y por eso, por desconocido, hay que pensar para inventar las nuevas formas de lucha que deberán conducir hacia las nuevas construcciones políticas que está requiriendo el nuevo socialismo y  que está demandando una sociedad continental que ya ha agotado todas sus posiblididades históricas de desarrollarse bajo formas capitalistas de organización.

(*) Periodista y escritor argentino