Por Secretaría Gremial.- Los conflictos de radio Rivadavia y radio El Mundo siguen su curso. Aunque la lógica del enredo informativo incursione en otras prioridades, la situación en ambas emisoras está lejos de encontrar una salida que se corresponda con el reclamo de los trabajadores. Preservar los puestos de trabajo y cobrar los salarios siguen siendo los ejes de luchas que se empecinan en resistir, en medio de un desierto de soluciones de fondo, donde los plazos se estiran procurando que coincidan un provocado desgaste con las tácticas del oportunismo empresario.

Por un lado el juzgado que entiende en la causa por la quiebra de Rivadavia (y su FM 103.1) convocó a una reunión para este lunes 11 de junio a las distintas partes (Sindicatura, Enacom y los 4 sindicatos que representan al conjunto de los trabajadores de ambos medios), en la que informará acerca del estado de situación de la quiebra dictada en octubre de 2017. Desde entonces hasta hoy fueron los trabajadores los que garantizaron la continuidad en el aire de las emisoras con el objetivo de preservar los puestos de trabajo y salarios (además de cobrar una importante deuda acumulada a lo largo de años), definición y compromiso del que tomaron nota tanto el juez, doctor Horacio Francisco Robledo, como el Enacom.

Este planteo de los trabajadores y sus organizaciones (AATRAC, UTPBA, SAL y SUTEP) siempre estuvo previsto para cualquiera de las salidas que se fueran a dar: el llamado a licitación que podría realizar el Enacom u otro mecanismo (siempre con el consentimiento del juez) que asegurara continuidad de la salida al aire de ambas radios con todo el personal; el mismo núcleo de trabajadores que permitió que se llegara a esta instancia no obstante la quiebra decretada, cobrando desde ese momento sus salarios de manera “prorrateada”, acumulando una deuda que llega a los 6 meses.

Hasta aquí hubo un interesado, el Grupo Vila, que primero acercó una propuesta, anunció su llegada a la radio y le puso fecha a la puesta en funciones de sus autoridades; esto finalmente no ocurrió, por lo que el acuerdo marco alcanzado con los gremios y los individuales suscriptos por los trabajadores nunca llegaron al Ministerio de Trabajo, así como tampoco ninguna documentación fue presentada ante el juzgado como para avanzar en el avenimiento, recurso imprescindible para el levantamiento de la quiebra. De esta expectante situación transcurrió más de un mes, sin que se haya conocido un desistimiento formal  por parte del grupo.

La reincorporación de los 22 trabajadores de radio El Mundo marcó una etapa del conflicto, importante y de un gran valor para la fuerza colectiva, que retomó plenamente el origen del reclamo: el no pago de los salarios, que ya llegó a su cuarto mes. En el medio, una resolución del Enacom definió como ilegal la presencia de las nuevas autoridades de Fio Fio en el manejo de la empresa y convocó a Difusorabaires a hacerse cargo de la situación, teniendo en cuenta que es quien legítimamente explota la frecuencia. Sin embargo, esta determinación oficial todavía no se ha aplicado y por lo tanto los dueños de Fio Fio continúan en funciones, sin pagar los salarios y apelando a una más que precaria programación, mientras se violan los convenios colectivos (el área de noticias, por ejemplo, prácticamente desapareció).

Que la empresa haya tenido que retrotraer los despidos es un dato más que significativo si se observa que frente al brutal clima represivo que atravesaron los compañeros realizaron varios días de paros exigiendo la reincorporación y durante la Conciliación Obligatoria tuvieron una actitud de vigilia permanente que fue la que permitió dar vuelta aquella grave medida patronal. A pesar, incluso, de conductas miserables que descalificaron la lucha, inundaron de sospechas a los que decidieron pelear, anticiparon una derrota con 22 compañeros en la calle y después, algunos de ellos, no tuvieron el más mínimo pudor de estar en la primera asamblea post reincorporación; un saldo, parcial por cierto, para el que nada aportaron colectivamente.

El compromiso, la voluntad y la convicción desplegada por todos los trabajadores en ambos conflictos torna inaceptable una solución que no tenga en cuenta los planteos tan reiterados como vigentes. La demora en resolver una salida empieza a ser una muestra de salvaje impunidad.