Con atención al referéndum no vinculante celebrado el pasado domingo en Puerto Rico, en el cual se plebiscitaba la posibilidad de que el país se convierta en el estado cincuenta y uno de Estados Unidos, compartimos dos informes al respecto realizados por las colegas puertorriqueñas Némesis Mora Pérez y Glorinel Soto, integrantes de la Secretaría de Juventud y Nuevas Tecnologías de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP).
 

Aunque el plebiscito no tenía el aval del Congreso, ganó la Estadidad 

(Por Némesis Mora Pérez).- La consulta de estatus que se llevó a cabo el pasado domingo en Puerto Rico solo contó con el apoyo del gobierno y su partido, el Partido Nuevo Progresista (PNP). Sobre medio millón de puertorriqueños salieron a votar en el plebiscito que contó con la participación de un 23% de los votantes inscritos. La opción de la Estadidad, que apoya convertir a la isla caribeña en el estado 51 de los Estados Unidos, ganó abruptamente por un 97%.

Tres días después de las votaciones el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, viajó hasta Washington para impulsar en el Congreso de los Estados Unidos los resultados del quinto plebiscito que se realiza en el país. El primer mandatario rechaza el actual estatus territorial con el que lleva la isla desde el 1952, el Estado Libre Asociado (ELA).

Hay quienes le adjudican la victoria del plebiscito al boicot que comenzó a darse meses antes de la consulta de estatus. Tanto el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) como el Partido Popular Democrático (PPD) hicieron un llamado a la ciudadanía para que no salieran a votar en las elecciones plebiscitarias del 11 de junio. Se mostraron en contra del referéndum porque promueve el colonialismo al ofrecer en los encasillados de la papeleta la opción de “Estatus Territorial Actual”. Además, el lenguaje de la papeleta para la consulta no contaba con la aprobación del Congreso y la isla tampoco recibió el desembolso de fondos federales de 2.5 millones de dólares. A pesar de la deuda de 74,000 millones de dólares que enfrenta el país, el plebiscito tuvo un costo de 7 millones de dólares que terminó pagando el gobierno local.

El Partido Nuevo Progresista promovió una parte de su campaña política para el referéndum por medio de anuncios publicitarios en la radio, televisión, prensa escrita y redes sociales. El propósito de estar presente en los medios de comunicación era atraer a las masas para que llegaran hasta las urnas y le dieran el voto a la Estadidad. La papeleta incluía tres encasillados:  “Estadidad”, “Libre Asociación/Independencia” y “Actual Estatus Territorial”.

Muy parecidas fueron las opciones del primer plebiscito que realizó Puerto Rico en el 1967. En ese entonces los boricuas tenían la opción de votar por la “Estadidad”, “Independencia” y el “Estado Libre Asociado”. El 60.4% de los ciudadanos decidió quedarse con el ELA. Todo cambió en el 2012, cuando el gobierno que presidía el país decidió promover la Estadidad y hacer un cuarto plebiscito donde las opciones eran algo confusas. Terminó ganando la Estadidad con un 61.16%.

Dentro de las próximas dos semanas Rosselló Nevares debe elegir los siete integrantes para la “Comisión de la Igualdad para Puerto Rico”. La creación de este comité, que busca ejercer presión para hacer la transición a la Estadidad en el Congreso y Gobierno Federal, es posible por medio de la aprobación de la “Ley por la Igualdad y Representación Congresional de los Ciudadanos Americanos de Puerto Rico” que firmó el gobernador el pasado 5 de junio, días antes del plebiscito.

Mientras todo esto pasa, el movimiento político que busca la independencia para Puerto Rico y otros sectores continúan levantando su voz para hacer ver la invalidez de un plebiscito que tan siquiera contó con el aval del Congreso de los Estados Unidos. De hecho, los encasillados que ofrecía la papeleta del plebiscito no representaban del todo los ideales de los demás partidos.

La “Libre Asociación/Independencia” obtuvo el 1.50% de los votos mientras que el “Actual Estatus Territorial” se llevó el 1.32%.
 

Puerto Rico, sus plebiscitos y el coloniaje

(Por Glorinel Soto).- Como si se tratara de una gran revelación, en junio del 2016, el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó que el Estado Libre Asociado (ELA) no posee soberanía propia.

Se rasgó el velo (al menos para los que aún lo conservaban). Después de ese reconocimiento del coloniaje al que Puerto Rico ha sido sometido por más de 119 años,  uno por uno, los estadistas e independentistas fueron reafirmando su postura de que el estatus debía atenderse. Entonces, los políticos fuera del partido que por años ha promovido el estatus actual (Partido Popular Democrático) se afilaron los colmillos. Claro, con el estatus actual debilitado por esa conclusión del Tribunal, era más fácil convencer a los seguidores del segundo partido de mayoría de que desde el 1952, el ELA había sido solo otra forma de llamarle a la condición colonial de la isla. Así las cosas, el terreno estaba fértil para darle la estocada final al ya moribundo Estado Libre Asociado. Los que apoyaban la libre asociación, no representaban  un mayor problema pues son una fracción del Partido Popular Democrático y la división interna del partido se encargaba de debilitar esa opción. Tampoco había que preocuparse mucho por el sector independentista que cada vez pierde más adeptos y al que por lo tanto, el resto de los movimientos políticos resta importancia electoral.

Bajo ese panorama surge la “Ley para descolonización inmediata de Puerto Rico”, que incluía la realización de la consulta de pueblo del 11 de junio. Al comienzo, la idea le fue simpática a los boricuas, pues a la mencionada decisión del Tribunal Supremo se sumó la imposición de una Junta de Control Fiscal (que incide sobre las finanzas del país) y la evidente crisis económica. Definitivamente era la primera vez en mucho tiempo que el estatus comenzó a importarle al pueblo puertorriqueño. Aunque ya habían ocurrido otros 4 plebiscitos de estatus, este prometía ser distinto. Esta sería la primera consulta en la que el estatus colonial no aparecería en la papeleta. Hubo juntes entre libre asociacionistas e independentista y se promovía el que la gente saliera a votar.  Pero, en una muestra burda del coloniaje, el gobierno de Estados Unidos, ordenó al gobierno local  incluir la cláusula territorial en la papeleta, cosa que la administración actual aceptó bajo el argumento de que al cumplir con la estipulación federal lograrían “el primer proceso vinculante”.

A pesar de los cambios, el gobierno de Estados Unidos hizo mutis sobre el proceso y sobre la otorgación de los $2.5 millones prometidos para la consulta. De inmediato, los detractores de la estadidad, convocaron al “boicot”. “El problema no puede ser parte de la solución”, decían algunos, otros señalaban que se trataba de otro “plebiscito no vinculante”. De otra parte, se señaló lo inconveniente que resultaba para el gobierno gastar casi $7.5 millones en medio de una brutal crisis económica. El ánimo y las esperanzas de los boricuas de que este plebiscito fuera a generar algún cambio político, mermó y las invitaciones a irse de playa ese día no se hicieron esperar. El ejecutivo, sin embargo, se reafirmó en la consulta.

Así las cosas, el 11 de junio los boricuas salieron a las urnas sin ninguna garantía de que esta vez serían escuchados. Peor aún, participaron en una consulta para la que, incluso, se enmendó la ley electoral y en la que desde antes de que abrieran los colegios de votación se sabía qué opción resultaría vencedora. Por eso, no sorprendió la baja participación electoral (solo el 23% de los votantes hábiles acudieron a las urnas), ni la alta participación playera (aunque estamos en pleno verano). Tampoco fue sorpresa el triunfo del 97% de la estadidad.

Del plebiscito han pasado 4 días y la administración del gobernador Ricardo Rosselló, afirma que la consulta rendirá frutos. Han utilizado las recientes expresiones del secretario de prensa Casa Blanca, Sean Spicer, quien argumentó que el Congreso debe abordar el resultado del plebiscito, como un respaldo a los resultados. Sin embargo, sus expresiones resultan más bien diplomáticas pues es sabido que es al Congreso al que le corresponde atender este asunto, así que Spicer, en realidad, no dijo nada.

La prensa,  por su parte, aunque ha reconocido la victoria de la estadidad, ha levantado bandera sobre lo que podría implicar una participación tan baja del electorado en términos de la representatividad del pueblo puertorriqueño ante el Congreso, anticipando lo que podría ser el argumento para la inacción norteamericana. Con todo esto, cada vez son menos los que apuestan a que el ejercicio electoral del pasado 11 de junio vaya a rendir algún fruto.

A Estados Unidos le conviene mantener a Puerto Rico bajo el yugo. Le ha dado resultado por años. Las leyes de cabotaje, que encarecen los productos que se importan y enriquecen a la marina mercante, y otras partidas de  dinero que salen de la isla para las arcas estadounidenses, apoyan eso de que las fórmulas ganadoras no se cambian. La pregunta sería, ¿fórmula ganadora para quién?

Sin embargo, es preciso reconocer, aún con todas las críticas, que el sector estadista está siendo proactivo en promover y gestionar lo que entienden la mejor opción para el país. Mientras, el sector independentista del país parece haber internalizado demasiado bien que no importa lo que los puertorriqueños hagan, la descolonización de la isla, sea por la vía de la estadidad o la independencia, llegará por medio del Congreso, cuando este decida, y quizás por eso, se han convertido en un muro de contención colonial. Como un rompe ola que aguanta todos los golpes del coloniaje esperando que algún día la marea se calme.  El independentismo es, en la actualidad, un cuerpo divido que no ha logrado reponerse de las persecuciones y criminalización a las que fueron sometidos durante años y que los condenó al último lugar en cada elección después de haber sido (el Partido Nacionalista) el segundo partido en el país. Esto hace, que la independencia luzca como algo lejano para Puerto Rico.

¿Qué hacer?… Hay quienes apuestan a una Asamblea Constitucional de Estatus y a llamar la atención de la comunidad internacional. Creo en ambas opciones pero me temo que la Asamblea Constitucional de Estatus será la última estrategia que impulsaran los partidos de mayoría. De otro lado, insertarse en la discusión internacional parece urgente. Sin embargo, esa inserción debe partir de un reconocimiento de nuestra condición latinoamericana y no en una comparativa directa con el norte.  Los lazos culturales que poseemos con los países de Latinoamérica y el Caribe son mucho más fuertes y eso nos produce una cercanía inmediata y por lo tanto, un apoyo directo.

Pero mientras el Congreso decide qué hará con los resultados del plebiscito del 11 de junio… seguimos en la colonia y sus conflictos.