Un reciente informe publicado en diversos medios informativos advierte que “en los países de Sudamérica el aumento del número de muertes relacionadas al calor y al cambio climático se ha incrementado en 160% desde el año 2000”.

La doctora peruana Stella M. Hartinger, encargada del informe mencionado en el Lancet Countdown Sudamérica 2022, vinculó estrechamente la salud y el cambio climático: “los efectos adversos se están acelerando y afectando de manera desproporcionada a las poblaciones vulnerables, tendencia que no hará más que continuar si no tomamos medidas inmediatas”.

Más de 20 instituciones de investigación en la materia recopilaron información de 12 países (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, y Surinam), que exponen varias señales de alarma.

En Sudamérica, en los últimos diez años –por ejemplo- “las olas de calor han representado un mayor peligro para niños y niñas menores de un año y adultos mayores de 65. Esto es un aumento de muertes en países como Brasil, Argentina y Colombia”.

Producto de esto, se evidenció “una reducción de la productividad laboral, ya que trabajar en el calor se ha vuelto tan imposible que la pérdida potencial asociada a esta baja de productividad en 2021 fue equivalente a 22.000 millones de dólares”. 

En la región, además, la población “tiene una exposición muy alta o extremadamente alta a los incendios forestales. Incluso, en nueve de los 12 países analizados por el reporte, esta exposición aumentó siete días más entre 2018-2021, si se compara con la línea base de referencia (1996 a 2005)”. 

Para finalizar, los investigadores aclaran que “los escenarios climáticos para que enfermedades de transmisión como el dengue sean más fuertes y mejores, ya que su idoneidad aumentó alrededor de un 35% en el periodo entre 2012-2021, frente a lo que sucedía entre 1951 y 1960. Los países templados del Cono Sur son muy vulnerables a los efectos graves del dengue, impulsados principalmente por la rápida y precaria urbanización. Argentina y Uruguay experimentaron un aumento de la vulnerabilidad entre 1990 y 2019″.