En Uruguay, la ley Nº 18.987 establece que desde el año 2012 la interrupción voluntaria del embarazo es legal, siempre y cuando se aplique dentro de las primeras doce semanas de gravidez.

Para acceder a la práctica, las mujeres que opten por interrumpir su embarazo, tienen que presentarse ante un médico, quien las derivará a una comisión formada por psicólogos, ginecólogos y trabajadores sociales que la asesorarán. Luego, disponen de cinco días para reflexionar, tras los cuales podrá iniciar el procedimiento con su médico en un centro público o privado.

Previamente a su aprobación en 2012, un proyecto de ley similar al vigente había sido aprobado en el año 2008 por las cámaras de diputados y senadores uruguayos, aunque luego fue vetado por el entonces presidente Tabaré Vázquez.

Cabe destacar que en el 2017, un informe del International Journal of Gynecology and Obstetrics ubicó a Uruguay como el segundo país con menor mortalidad materna en toda América -detrás de Canadá-, y adujo ese posicionamiento a la reducción de riesgos y daños del aborto inseguro.