Las asociaciones de periodistas de El Salvador y de Guatemala (APES y APG) emitieron conjuntamente un informe anual en el cual destacan las crecientes agresiones contra los trabajadores de la información sucedidas en sus respectivos países durante el 2016.

Sobre las condiciones de seguridad en las que se desarrolla el ejercicio periodístico en El salvador, el informe da cuenta de una tarea “enmarcada en agresiones que terminan hasta con la vida de periodistas, lo que ha obligado a directivos, editores y reporteros a modificar sus rutinas de trabajo y abordar su profesión bajo nuevas estrategias”.
En ese sentido, el periodista y escritor chileno Ernesto Carmona, Presidente de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas de la Federación Latinoamericana de Periodistas (CIAP-FELAP), destacó: “Cuatro periodistas  fueron asesinados durante 2016, según informa APES, pero dos de estos crímenes eran practicante desconocidos en ese país y e incluso en el exterior, según informa la Relatoría de Libertad de Expresión de APES”.

“Por tanto, el registro de CIAP-FELAP eleva a 40 el total de asesinatos de periodistas cometidos en 2016 en América Latina y el Caribe y a 382 el balance 2006-20016”, agregó Carmona.

Mientras que en Guatemala los comunicadores enfrentaron el pasado año uno de los períodos más violentos contra la prensa en la historia del país, ya que fueron asesinados nueve trabajadores en ocho departamentos, y otros cuatro fueron víctimas de atentados.

En tanto, la APES consideró que “los órganos de seguridad tienen que prestar especial atención a cualquier tipo de ataques que sufran los trabajadores de prensa; las agresiones conocidas durante este período tienen implicaciones de índole colectivo, al generar autocensura o privar a la sociedad de información relevante sobre asuntos de interés público”.

Por su parte la APG mencionó como un aspecto relevante “la constitución de una alianza integrada por asociaciones de prensa, nacionales y departamentales”, que trabajen una nueva propuesta para la creación de un Programa de Protección a Periodistas.