Hace 4 meses, en el mes de junio,  la UTPBA y la Comisión Interna de Canal 9 denunciaron ante el entonces Ministerio de Trabajo que la empresa violaba el Convenio Colectivo -se trataba de las tareas de los camarógrafos- y que esa política avanzaba hacia la sistematización más generalizada, poniendo en riesgo, en el futuro inmediato, los puestos de trabajo. Tiempo después la empresa redujo los salarios de un grupo de compañeros, tratando de convertir en atribución empresaria un acto ilegal, injusto y repudiable.

Pasaron más de 120 días para que la hoy Secretaría de Trabajo decidiera convocar a la audiencia solicitada al formularse aquella denuncia, que se concretó apenas 24 horas después que los dueños de Canal 9 anunciaran su “crisis” y se dedicaran a militar intensamente su condición de víctimas de esa “crisis”, descerrajando como primer disparo la carencia de fondos para pagar salarios. Los victimarios  visten ropa de trabajadores, que con sus salarios e instrumentos de defensa (convenios colectivos)  son señalados como responsables principales. De manual; como también lo es la táctica de premios y castigos que busca “autodepuraciones” que signifiquen un costo menor para los autores materiales del estropicio que permita salir de la crisis.

La UTPBA y la Comisión Interna de Canal 9 ratificaron la denuncia que diera origen a la demorada audiencia (se insiste: más de 4 meses) y advirtieron que su preocupación se había profundizado debido a los últimos anuncios de la patronal, que no hacen más que legitimar lo dicho en aquella presentación, posterior a masivas asambleas que avalaron el planteo formulado por la representación sindical. Es decir: no hay solución de una “crisis” si no se preservan todos los puestos de trabajo, si no se respetan los convenios colectivos y el Estatuto del Periodista y, tomando en cuenta lo dicho por la propia empresa, si no se pagan los salarios o se los rebajan.