Por Raúl Dellatorre (*).- La emergencia sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus vino a superponer una crisis en la economía argentina sobre otra crisis anterior que estaba muy lejos todavía de empezar a revertirse. Argentina viene de dos años consecutivos de recesión permanente, pero además de cuatro años, en total, de destrucción de su aparato productivo, pérdida de empleos, caída en el ingreso de los trabajadores con las consecuencias visibles en la caída de la demanda de todo producto de consumo masivo, y además con un explosivo de endeudamiento producto de que ese fue el mecanismo que eligió el gobierno de Cambiemos para resolver sus desequilibrios de divisas.

Ese proceso explosivo ya había llegado a su punto de explosión, cuando ya ni el recurso de un programa de ajuste con el FMI le sirvió al gobierno para estabilizar la economía. El plan de “estabilización” del Fondo desestabilizó todo lo que encontró a su paso: se disparó la inflación (50% anual en 2018 y también en 2019), voló a las nubes el dólar y la economía entró en un tobogán de caída inusualmente prolongada.

Las dificultades que buscó priorizar el gobierno de Alberto Fernández, antes de la emergencia sanitaria, era atender a los sectores sociales más hundidos, al tiempo que encaró una negociación por la deuda que corriera las obligaciones de pago como mínimo hasta 2024, de modo de poder poner en marcha un programa económico de recuperación y crecimiento.

Pero la emergencia sanitaria movió el calendario, obligó a ponerle freno a una economía que se maneja esencialmente con circulación y le impuso la tarea adicional al Estado de darle respuesta a los sectores que iban a quedar sin posibilidad de salir a producir sus propios ingresos. Y a empresas chicas que tampoco estarían en condiciones de garantizar el pago de sueldos.

La tarea es inmensa, pero el Estado que la tiene que realizar es endeble. Quedó deteriorado por años de neoliberalismo, en particular en las áreas de atención económica y laboral. Lo que en el plano de la salud lo resolvió la eficiencia y la actitud de los institutos sanitarios que se pusieron a disposición para resolver las urgencias, en el plano de la economía lo complicaron las instituciones que hubieran podido prestar un respaldo logístico indispensable, como los bancos y las grandes corporaciones empresarias, que en este juego entendieron que todavía podían sacar una ventaja adicional de la situación.

Incluso las políticas crediticias y ayudas financieras que iba resolviendo el Gobierno chocaron contra la inacción del sistema bancario, que le bloquearon el ingreso al crédito a quienes eran los destinatarios de esas políticas. Tampoco las grandes cadenas de producción y comercialización se pusieron al servicio de las necesidades, sino que siguieron sacando provecho de su posición dominante incluso con aumentos de precios absolutamente injustificados hasta desde una mirada románticamente clásica de la economía. El gobierno hizo poco por combatir esas prácticas y la sociedad está pagando las consecuencias más allá de lo que ya hubiera sido necesario por las circunstancias.

Qué futuro nos espera

El comercio mundial va a quedar más cerrado que en la situación previa a la pandemia. Quizás menos para alimentos que para otros productos, lo cual le abriría al país una ventana exportadora interesante como motor de recuperación pero además de entrada de dólares. La cuestión es quién va a disponer qué se hace con los dólares, el bloque exportador histórico o el Estado va a tener alguna incidencia.

El mercado interno también va a quedar muy dañado. Por distintas razones, va a caer la demanda interna. Menos capacidad adquisitiva de los que conserven su trabajo, más desempleo, más necesidades insatisfechas. Menos comercio y más concentración. Aquí el interrogante es si el camino de salida o de respuesta a las consecuencias de las dos crisis, va a ser impuesta por el Gobierno o los sectores concentrados que van a salir fortalecidos van a imponer sus condiciones.

Por la situación en el comercio y por la que corresponde al mercado interno, lo que asoma es una disputa crucial que define, a grandes rasgos, el contexto económico de los próximos años. Si el gobierno y los sectores populares no imponen las prioridades y las políticas económicas para atenderlas, serán los sectores más concentrados (el poder económico dominante) el que lo haga. Si lo que ocurre es lo último, es previsible que se consolide un esquema de desigualdad más grave que el que dejó el macrismo, y por varios años. Para recorrer el camino contrario, esta situación de protagonismo del Estado que se vive por la emergencia, debería sostenerse con decisiones políticas que consoliden ese lugar en el plano económico, pero a partir de ahora mismo y no a la salida de la pandemia. Por ejemplo, qué hacer con el sistema financiero, o con las regulaciones al comercio exterior, o con las políticas de precios (¿se seguirá con los listados de precios cuidados o se irá hacia atrás para revisar los costos de las empresas formadoras de precios?). Decisiones que, todavía, no se ven.

La demanda de algunos grandes grupos económicos y el eco que encuentran en los grandes medios, para que se abra cuanto antes la economía, es un reflejo de esa disputa que se viene. Quieren, como es lógico, salir rápidamente de este escenario en el que el Estado está en todas partes y pasar enseguida a “la otra pantalla”, donde ellos vuelven a estar en el control de la situación plenamente. Y hacerlo antes que el gobierno reaccione y tome decisiones estructurales a favor de un Estado más fuerte.

(*) Periodista.