Por Juan Chaneton (*).- Al momento de escribirse estas líneas la situación en Venezuela es fluida y volátil en la coyuntura y los datos que nos llegan desde Caracas así lo confirman.

Las elecciones del domingo 30 de julio  han alumbrado el proceso de puesta en funciones de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que deberá establecer una nueva legalidad para avanzar en el proceso de afirmación de la soberanía nacional y de expansión del campo de derechos económicos, sociales, políticos y culturales para todos los habitantes de Venezuela.

La prensa de la derecha continental  -que juega esta partida a favor de los intereses geopolíticos de Estados Unidos en la región-  se halla a estas horas saturando el espectro informativo con mentiras, calumnias y montajes icónicos vertidos a borbotones por la televisión, que muestra titulares e imágenes donde la violencia y la sangre desempeñan el rol principal, pero sin decir que esa violencia proviene, en lo sustancial, de una “oposición” que practica el terrorismo callejero y que se halla abiertamente comprometida con el libreto del Departamento de Estado: abortar, mediante la guerra plantada, el proceso revolucionario bolivariano.

El mismo domingo 30, alrededor de las seis de la tarde (hora de Venezuela) Jorge Rodríguez, alto dirigente del PSUV, le decía a un periodista que le preguntó por el desconocimiento a la ANC por parte de Peña Nieto, Macri, Trump, Santos, Temer y otros: “No puedo decir números en este momento, sólo puedo decirle que la Constituyente sacó hoy más votos porcentuales que los que obtuvo Santos en su elección presidencial”. Y nosotros apuntamos que Rodríguez se refiere a la elección en la que Santos ganó con el 50,09 % de los votos. De modo que, sacando cuentas,  la concurrencia electoral ya estaba  -a esa hora venezolana-  por encima del 50 % del padrón.

Por otra parte, un vistazo a los númertos anteriores muestran el siguiente detalle: Maduro ganó las presidenciales en 2013 con 7,5 millones de votos, ocasión en que Capriles obtuvo 7,3 millones.

A su vez, en las elecciones de la Asamblea Nacional (AN) actual  -diciembre de  2015- que ganó la oposición, dos millones de chavistas no fueron a votar, decepcionados del gobierno. El chavismo sacó entonces poco más de  5 millones  de votos, mientras la oposición se mantuvo en torno a los 7.3 millones.

Con un padrón electoral  de unos 19 millones de personas, las cifras no oficiales que se manejaban al filo del anochecer del lunes 31, eran de más de ocho millones de votantes, según el Consejo Nacional Electoral venezolano.

Debería ser suficiente para legitimar el legal proceso constituyente venezolano, pero como aquí no es la ley lo que le importa a los Estados Unidos sino el derrocamiento de Maduro para sustituirlo por un gobierno títere (como el argentino, como el brasileño), la desestabilización del proceso revolucionario bolivariano cobra nuevo impulso.

Así las cosas, el lunes 31 Estados Unidos anunció sanciones económicas contra el presidente Nicolás Maduro, tras las amenazas lanzadas al país sudamericano para evitar las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), realizadas la víspera.

Por tal decisión, quedan congelados todos los activos que Maduro pueda tener bajo jurisdicción estadounidense y se prohíben las transacciones financieras entre él y los ciudadanos norteamericanos.

Es el comienzo del despliegue final del “thermidor” venezolano pero el núcleo duro que deberá masticar cualquier injerencia en la tierra de Bolívar es la fuerte unidad entre Fuerzas Armadas y pueblo de la Nación.

Lo que pretende el pueblo y el gobierno de Venezuela es avanzar  -como se dice al principio de esta nota-  en el proceso de cambios revolucionarios en busca de la paz, de la consolidación de la democracia y de la justicia y soberanía nacional venezolana.

En estas elecciones estuvieron representados no sólo los ciudadanos como tales, sino también los diversos sectores económicos, profesionales, sociales, culturales y étnicos en que se estructura la sociedad venezolana. Así, pudieron votar los trabajadores en tanto miembros de su sindicato y, del mismo modo, los estudiantes, los empresarios, los campesinos, las comunas y consejos comunales, los indígenas, etcétera. Con este sistema de representación popular, los integrantes de la Constituyente (545 miembros) serán en número de 364, representantes de los ciudadanos y el resto serán representantes de los aludidos sectores sociales.

En aras de avanzar en este proceso y de optimizar el funcionamiento de la economía, el gobierno de Nicolás Maduro ha defendido siempre la paz y la vía del diálogo para dirimir diferencias. Pero en la paz y en el diálogo, los que no tienen nada  para exhibir más allá de su necesidad de apropiarse de los recursos y de poner al país al servicio de su geopolítica global, perderán. Por eso no quieren la Constituyente.