(Por Ana Villarreal (*)).- A Eluney, de 2 años, Mía, Zoe y Luana, de 7, la vida les fue arrebatada criminalmente antes de comenzar siquiera.

La empresa Edesur, con su práctica de mercado indolente, dejó pasar más de 10 días para cambiar el transformador que se había quemado en un rincón de Villa Diamante, Lanús, donde las niñas vivían.

Y la municipalidad del conurbano, por su parte,  falló con un instrumento fundamental y decisivo. Faltó con su ineludible responsabilidad de control sobre la obligación empresarial en el suministro de un servicio esencial para la vida de las personas.

Las cuatro nenas murieron calcinadas en la madrugada del 10 de junio pasado, cuando una vela, única manera de dar luz en la casilla donde dormían, generó un incendio devastador.

Los bomberos acudieron al lugar pero no pudieron combatir el fuego por la falta de agua en el barrio, como consecuencia del corte de energía eléctrica.

Ese día, el 10 de junio de 2017, mientras los medios audiovisuales ocuparon gran parte de su atención a los entretelones de la convocatoria del presidente de la Nación a algunos cronistas del campo de la farándula, la información sobre el crimen de las niñas, fue un anuncio accidental en algunos de ellos.

Las crónicas de las ediciones gráficas del día siguiente al 10 de junio de 2017 registraron como “fatal accidente” a lo sucedido en el Pasaje Alfonso 18, a metros de una planta de ACUBA (Asociación de Curtiembres de Buenos Aires) en Villa Diamante, partido de Lanús.

La falta de cumplimiento del control del Estado sobre empresas que brindan servicios esenciales pone en riesgo a diario la vida de las personas. Mientras estas omisiones estatales persistan, se compartirá por lo menos, parte en la responsabilidad criminal en hechos de esta naturaleza. Porque las niñas Eluney, Mía, Zoe y Luana, como otras víctimas, luego de la brutal sentencia, que no les permitió vivir apenas comenzaban a hacerlo, no pueden ser condenadas nuevamente al olvido.

(*) Periodista. Secretaria General Adjunta de la UTPBA.