Por Carlos Morales Valido (*), desde San Salvador.- Ningún momento es bueno para que te caiga una pandemia, pero el Covid-19 llegó a El Salvador en el peor posible, al menos para el ejercicio periodístico: como si no bastara la abierta hostilidad del Ejecutivo a todo medio no complaciente, la enfermedad se ceba en profesionales que, sin ser médicos, también luchan en primera línea.

Hasta mediados de agosto, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) reportó un centenar de comunicadores contagiados con el nuevo coronavirus, de los cuales murieron seis. Entre los fallecidos destacó Franklin “Meco” Rivera, fotorreportero curtido durante el conflicto armado, y responsable de imágenes icónicas en la historia gráfica de este país.

La presidenta de APES, Angélica Cárcamo, insiste en que los reporteros deben cuidarse, pero sus medios también deben protegerlos, así como las instituciones que convocan a conferencias y coberturas. Sin embargo, la imagen de una fuente rodeada de micrófonos, teléfonos y cámaras es recurrente, amén de ser la antítesis del distanciamiento social.

Algunas empresas han donado a APES equipos de bioseguridad, en particular mascarillas (barbijos), alcohol gel y kits de medicamentos como antigripales, analgésicos y otros, que lo mismo prevengan ciertos síntomas virales que refuercen las defensas del personal. Pero cada día hay que salir a luchar la noticia, y estos insumos rara vez son reutilizables…

A todas estas, durante el régimen de excepción impuesto por el gobierno de Nayib Bukele, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador documentó una serie de restricciones al trabajo de la prensa, a manos de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, pese a que los periodistas tenían permiso para circular.  

En este panorama “celebraron” los periodistas salvadoreños su día, el pasado 31 de julio: quizás lo más rescatable de la fecha fue la creación en la Asamblea Legislativa (Parlamento) de una comisión para investigar el acoso a la prensa y el presunto uso de fondos públicos para financiar ataques de “troles” a medios incómodos.

La situación es tal, que hasta la Sociedad Interamericana de Prensa tuvo que condenar la práctica del Ejecutivo de estigmatizar, desacreditar y bloquear el acceso a información a periodistas y medios críticos de la gestión de Bukele. El problema empeoró con la pandemia de Covid-19, cuando desapareció incluso un grupo de WhatsApp que era el único canal entre reporteros y corresponsales extranjeros con la Presidencia.

Según un balance de APES, el primer año de la presidencia de Bukele estuvo marcado por “ciberataques, amenazas, vigilancia, descrédito y calumnia” contra medios como La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy, El Faro y Revista Factum. ¿Será que en su afán de “proteger”, las autoridades confunden el barbijo con la mordaza?

(*) Periodista cubano corresponsal de Prensa Latina en El Salvador.