Por Miguel Ángel Albizures (*), desde Ciudad de Guatemala.- Nuestro sufrido país, antes de que iniciara la pandemia, ya vivía una difícil situación económica, social y política, pues la pobreza y extrema pobreza alcanzaba índices alarmantes y la muerte de niños por hambre iba en aumento por la falta de inversión de recursos en aquellos lugares más apartados en donde se carece de la presencia del Estado y por lo tanto de todos los servicios más elementales.

La pandemia vino a agravar la situación en diversas formas, pues el ejército de desempleados creció enormemente y en muchas fábricas aprovecharon para reducir la planta industrial y no pagar prestaciones, incluso el gremio periodístico se vio afectado con el despido de varios trabajadores, pero además los ingresos de trabajadores informales fueron seriamente afectados y al reducirse estos, empezaron a aparecer por diversos lugares las banderas blancas en señal de petición de ayuda. Miles de familia se vieron en las calles pidiendo ayuda, pues la carencia de programas sociales que paliaran el hambre, era y sigue siendo casi inexistente.

A esto tenemos que agregar la persecución penal a periodistas que han estado ejerciendo su derecho de investigación y denuncia, tal los casos de Marvin del Cid y Sonny Figueroa quienes en principio sufrieron una campaña de desprestigio lanzada por funcionarios de gobierno y hoy serias acusaciones penales por las cuales en cualquier momento podrían ser capturados.

Otras dos periodistas también han estado en la mira de los sectores más atrasados del país, entre ellas, Michelle Mendoza y Jordi García acusadas de difamación y tráfico de influencias, pero el acoso no es solo contra periodistas, pues en los últimos días lanzaron orden de captura contra 15 guatemaltecos y dos de ellos fueron capturados entre ellos Juan Francisco Solórzano Foppa que jugó un papel importante para poner en evidencia a grandes empresas evasoras de impuestos, lo que hace temer que en cualquier momento se proceda contra periodistas o ciudadanos que critiquen los actos de gobierno, pues en el fondo de todo, se pretende restringir el derecho a la libre expresión y la libertad de prensa.

El gobierno de Alejandro Giammattei ha logrado copar el sector justicia, pues teniendo una mayoría en el Congreso de la República logro la elección de una Corte de Constitucional (CC), plegada a lo que en Guatemala llamamos el Pacto de Corruptos. Al mismo tiempo y hace escasos días en el congreso se aprobó reformas a la ley de Organizaciones no Gubernamentales (ONG), avaladas por la CC, que permite al gobierno criminalizarlas, contralar sus ingresos e incluso disolverlas si considera que no cumplen con los objetivos para las cuales fueron creadas y por lo tanto restringe también su derecho a manifestar críticas al gobierno.

Así las cosas, vamos de mal en peor, el descontento es generalizado y existe un ambiente de repetir las movilizaciones del 2015, cuando el pueblo obligó al gobierno del general Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti a renunciar. Ambos hoy se encuentran en la cárcel, pero no sería raro que logren pronto su libertad, pues también estamos copados, con raras excepciones, por jueces que forman parte del pacto de corruptos.


(*) Ex presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), actual coordinador de la Comisión de Libertad de Prensa de la APG, columnista de elPeriódico y defensor de derechos humanos y activista.