Fue hace más de 25 años. El 4 de marzo de 1998, y tras una presentación efectuada por la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA), el juzgado en lo Comercial N° 26 declaró la medida de no innovar en el caso de la privatización de Canal 7 (hoy Televisión Pública), cuando era inminente el llamado a licitación de esa frecuencia, convocada por el ex presidente Carlos Menem.

El decreto de Menem fue firmado el 28 de diciembre de 1995, pero mucho tiempo antes de esa repudiable decisión la UTPBA y las trabajadoras y trabajadores del canal venían realizando una fuerte campaña en pro de la televisión pública (con movilizaciones, actos, solicitadas, asambleas conjuntas con el resto de los sindicatos con presencia en el canal), tarea gremial, política y social a la que se sumó la presentación judicial una vez que el gobierno decidió la privatización de la frecuencia.

El consenso privatizador, el avance de los grupos mediáticos privatizados a comienzos de la gestión Menem, el miedo a perder el puesto de trabajo, a salir de cualquier circuito laboral construían una realidad totalmente adversa para todo aquello que tuviera que ver con defender los intereses de las trabajadoras y trabajadores, más aún de un medio público.

En ese clima de época adverso, donde cada iniciativa de privatización tenía la garantía de un hecho consumado, la UTPBA, junto con las trabajadoras y trabajadores de Canal 7, tomaron la decisión de enfrentar la resolución de un gobierno que acababa de ser reelecto: No a la privatización de Canal 7, no a los despidos fueron las dos consignas claves que a partir de ese mismo momento marcaron el objetivo de una lucha que el tiempo y el resultado transformarían en ejemplar.

Se trata de la historia. Se trata de las mismas convicciones.