El gobierno de facto y el poder legislativo, que hoy son rechazados por la mayoría de la población, aprobarían en los próximos días nuevos dispositivos legales que las Comunidades Nativas e investigadores ambientalistas consideran “un paquetazo de la muerte” del medio ambiente en Perú. 

Desde el Congreso se busca flexibilizar las leyes que amparan las Áreas Naturales Protegidas por el Estado, con el propósito de impulsar la extracción de hidrocarburos en zonas biodiversas como parques nacionales y santuarios. Igualmente se proyecta modificar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre para que se permita formalizar los cambios de uso de la tierra en zonas de bosque. Estas iniciativas ponen en riesgo los ecosistemas forestales, los derechos de los pueblos indígenas y la biodiversidad del país. 

Las más interesadas en aprobar los nuevos dispositivos son las bancadas del partido fujimorista y sus aliados, que no dejaron gobernar al ex presidente de la República, Pedro Castillo, y fueron los principales impulsores y ejecutores del golpe fascista del pasado 7 de diciembre. 

El presidente Castillo, el legítimo ganador de las elecciones del 6 de junio del 2021, está en prisión y su familia exiliada en México. La población se levantó en defensa del gobierno democrático, pero los golpistas fascistas se impusieron a sangre y fuego, dejando el saldo de más de 70 muertos y miles de heridos por bala y centenares de detenidos. 

Las comunidades nativas advierten que no se descarta que se aprueben los nuevos dispositivos, considerando que la élite de poder económico, compuesta por gremios empresariales en alianza con los partidos de derecha y la cúpula militar fascista, es la que hoy también detenta el poder político en el Perú. 

En opinión del investigador Francisco Durand, los autores de los proyectos en cuestión provienen del poder económico, el mismo que busca más beneficios tributarios, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país. 

Refirió que, en el aspecto tributario, el proyecto es negativo por varios factores, entre ellos porque concede una amnistía en el caso de deudas tributarias pendientes de pago, sea cual fuere el estado en que se encuentren, con lo cual reduce la capacidad de sanción a los malos contribuyentes. 

Además, “condona deudas que incluyen el pago de las pensiones y aportaciones al sistema nacional de salud, lo que puede ser considerado inconstitucional, en tanto esta clase de recursos son derechos inalienables”, explica. Por último, Durand resalta el hecho de que se haya suspendido la Norma XVI del Código Tributario, que calificaba la elusión tributaria, recortando esta capacidad supervisora y sancionadora de la Sunat. 

Recientemente, el Tribunal Constitucional – controlado por el Congreso y el Ejecutivo – aprobó la condonación de la deuda tributaria de varias empresas nacionales y transnacionales, en un país como el Perú que requiere con urgencia la construcción de mejores hospitales, colegios y carreteras en todas las regiones. 

La historia reciente del Perú registra las luchas de las comunidades indígenas y de todo el pueblo en su conjunto en defensa del medio ambiente. En este mes de junio se recordó el levantamiento de los Aguarunas, Guambisas y otros grupos étnicos amazónicos que el 2009 se rebelaron contra el entonces gobierno de Alan García que promovió una política de inversión indiscriminada, inclusive en una zona protegida legalmente. 

En el denominado Baguazo, ocurrido el 5 de junio en el nororiente peruano, fueron masacrados 33 nativos y también murieron decenas de policías. Once años después, Alan García se suicidó para no ir preso por robar al Estado desde Palacio de Gobierno. 

(*) Periodista. Integrante del Sindicato Unitario de Trabajadores del Periodismo y la Comunicación Social (SUTPECOS) de Perú.