Por Damaris Suárez (*), desde San Juan de Puerto Rico.- La pandemia por el Covid-19 ha provocado que hagamos ajustes en la forma en que ejercemos el periodismo. El uso de la tecnología y herramientas digitales hasta la transformación a conciencia de las distancias utilizando equipo de protección ha cambiado el trabajo cotidiano de los que laboramos para mantener informados a los ciudadanos.

En el caso de Puerto Rico, sin embargo, los periodistas hemos tenido que enfrentar un problema mucho más grave que la “nueva realidad” de trabajar bajo condiciones impensadas debido al riesgo de contagio. Enfrentamos nuevamente a un Gobierno que se niega a dar información pública y que esconde intencionalmente los datos con los que —se supone— se toman las determinaciones de política pública en medio de la emergencia.

Tal y como ocurrió luego del huracán María, en septiembre de 2017, y a principios de este año 2020 con los movimientos telúricos al suroeste del país, la emergencia por el Covid-19 ha evidenciado nuevamente los problemas que enfrentamos los periodistas para acceder a la información en poder del Gobierno.

Aunque en Puerto Rico existe un derecho constitucional de acceso a la información pública, por décadas ha habido una cultura de opacidad. Poco les importa que de acuerdo con la determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso Soto v. Secretario de Justicia, el derecho a la información pública es uno derivado del derecho a la libertad de expresión garantizado en la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico.

Los periodistas estamos acostumbrado a que los gobernantes de turno convertidos en custodios de esa información pongan trabas y cortapisas para negar peticiones de documentos, contratos y datos que se presumen públicos, por lo que tenemos que acudir a los tribunales para lograr acceso. Si en tiempos normales esta dinámica es preocupante, en tiempos de emergencia es un peligro.

Tres meses han pasado desde que la gobernadora Wanda Vázquez Garced ordenó un cierre forzoso y toque de queda para contener el contagio del coronavirus. Entrando ahora en una tercera fase de amplia reapertura comercial, su administración se ha negado a publicar cuántas pruebas de Covid-19 se han hecho y cuántas han arrojado negativo. Desde el 26 de marzo pasado, justo antes de que se permitiera a prácticamente todos los comercios reanudar operaciones, el Gobierno dejó de emitir las actualizaciones diarias de la respuesta ante la pandemia.

Casualmente, a solo días de anunciar un aparente regreso a la casi normalidad, el Gobierno cambió la forma en que se reportan los casos positivos al Covid-19 para identificar sólo los de pruebas moleculares como “casos confirmados”, lo que da la impresión de que apenas hay poco más de mil personas contagiadas ya que la mayor cantidad de casos positivos se han detectado con pruebas rápidas serológicas que ahora son clasificados como “casos probables”.

La comunidad científica ha levantado bandera, pues sin esos datos resulta cuesta arriba concluir que Puerto Rico está listo para regresar a la nueva normalidad. Un pueblo informado puede tomar decisiones correctas. Lamentablemente, la falta de datos ha provocado un falso sentido de seguridad en los ciudadanos que puede poner en riesgo la vida y salud de los más vulnerables. Así de medular es ese derecho constitucional a la información pública.

(*) Presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro).