La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) reafirmó su “tajante rechazo a las restricciones al acceso a la información pública” que, según denunció en un comunicado de prensa, son impuestas desde La Fortaleza, residencia oficial del gobierno de ese país.

La ASPPRO aseguró que dichas limitaciones al acceso a la información pública “se pretenden hacer aún más severas mediante dos proyectos de ley (…) actualmente pendientes en la Asamblea Legislativa”.

En ese sentido, los representantes de los trabajadores de prensa puertorriqueños respaldaron los reclamos de sus colegas, quienes “increparon a varios jefes de agencias que se niegan a responder requerimientos de información pública”.

Por su parte, la presidenta de la entidad, Nydia Bauzá, afirmó: “La ASPPRO se solidariza con los colegas en sus asertivos reclamos de transparencia en la gestión pública”. “Históricamente hemos denunciado –y denunciaremos- todas aquellas medidas dirigidas a entorpecer y obstaculizar el libre ejercicio de fiscalizar y sacar a la luz actos que se aparten del buen gobierno”, añadió Bauzá.

En su escrito, la organización recordó que “en 2019 se aprobó la llamada Ley de Transparencia (Ley 141-2019), que ahora se pretende enmendar mediante el P.S. 63 para añadir más restricciones y capas de burocracia al acceso a documentos públicos. Esta medida, cuyo autor es el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, propone duplicar a dos meses el término que tienen los jefes de agencias para responder a los requerimientos de información de periodistas y de la ciudadanía en general.

Por su parte, el P.S. 331, presentado por el senador Juan Oscar Morales, busca restringir el acceso a los datos de información de periodistas y de la ciudadanía en general”. La ASPPRO definió a ambas medidas como “innecesarias” y aseguró que representan “un obstáculo adicional al proceso de rendición de cuentas del gobierno”.