Por Daniel das Neves (*).- Informaciones impactantes, polémicas, acusaciones. La situación en Radio Rivadavia es hoy (como también ocurre en el Grupo Indalo, en Del Plata, en 360, en la agencia DYN: todo una verdadera carnicería), un escenario ideal para que las preocupaciones legítimas de los principales afectados, los trabajadores, ocupen en la escena un plano más que secundario, en el que hasta algunas solidaridades se acomodan más en el lugar del ruido al que el show mediático obliga que en el respaldo sincero.

Como suele ocurrir en estos casos, es más importante lo que no se dice que lo que se dice y la mentira es un instrumento al que se apela con destreza, llevando el peso sustancial de argumentos que presumen de contener el dato clave.

La Sindicatura que entiende en la quiebra de REC SA, a cargo de la explotación desde hace años de Radio Rivadavia y de la FM 103.1, sabe de boca de los representantes de los trabajadores de ambas emisoras y de las organizaciones gremiales que desde siempre intervinieron en el nunca superado conflicto de esos medios, que las prioridades son las preservación de todos los puestos de trabajo y el cobro del salario.

Similar planteo escuchó durante años la familia Cetrá, dueña de REC SA y del que tomaron nota los integrantes de DIFA, el grupo que se hizo cargo de la empresa en julio del 2016.

Las reuniones con la Sindicatura, hoy máxima responsable de la conducción de la radio, sirvieron, además, para subrayar el nivel de preocupación de todos y la predisposición a colaborar, siempre con el objetivo único y excluyente –y no se trata de ignorar la existencia de otros impulsados por distintos factores de poder, que van en un sentido contrario al que sostienen el personal de la radio y sus organizaciones- de preservar los puestos de trabajo.

Años de lucha contra la impunidad de los Cetrá transformaron en una bandera el cobro del salario completo y en término, mientras la empresa cumplía con su sospechosa agenda de favores y prebendas que le permitieron llegar casi intocada hasta mediados del 2016. Después llegó DIFA SA, la empresa de los hermanos Guillermo y Fernando Whpei, que se avino al planteo “histórico”: no hubo despidos y se empezó a pagar el salario como corresponde, pasando todos los trabajadores a depender del nuevo grupo conservando –así lo dice el acuerdo firmado por cada trabajador, un representante de REC SA y otro de DIFA SA- su categoría, salario y la antigüedad.

En el medio transcurrió una negociación entre ambos grupos que sólo ellos conocen en toda su dimensión y cuyos coletazos surgieron cuando ninguno se quiso hacer cargo de la deuda existente con el personal, protagonizando en el Ministerio de Trabajo dos episodios típicos del capitalismo salvaje, en una versión de cabotaje.

El Enacom sólo habló por medio de un informe judicial que impedía el traspaso de la frecuencia, en tanto DIFA SA, oscureciendo aún más el panorama, dijo que no había adquirido nada a REC SA sino a otra empresa, Tikaroa, en el intento de alejarse de su compromiso en el pago de la deuda, de la que es solidariamente responsable al hacerse cargo de la radio y traspasar a todo el personal.

La quiebra decretada por el juez Horacio Fernández Robledo, el 2 de octubre pasado, encontró a la empresa en funcionamiento, con los trabajadores cumpliendo sus tareas habituales, sin que ello signifique minimizar el impacto que produjo, contenido fundamentalmente por los niveles de organización alcanzados tras extensas y complejas peleas, de manera particular en los últimos dos años, donde la acción conjunta de todos los trabajadores y de sus organizaciones (UTPBA, AATRAC, SUTEP y SAL) permitió enfrentar con dignidad e inteligencia riesgosos desafíos.

Con la radio funcionando y la Sindicatura instalada en el edificio sin desplazar de la administración a DIFA SA, quien estaba a cargo de la emisora por parte del grupo, Cristian Lavallén, informó que se retiraban, luego de haber ocultado que fueron ellos los que solicitaron al juez ser “desapoderados”, una condición de víctimas que no pudieron sostener ante los trabajadores y sus representaciones. Su huída poco elegante del edificio de Arenales desmiente los dichos de uno de los hermanos Whpei, quien afirmó que no se “escapaban” sino que le habían sacado la radio.

Para los trabajadores hay algo que está claro: que hay una deuda que seguirán exigiendo ante quien corresponda, y que pertenecen a DIFA SA después que sintieran la presión de no cobrar sus salarios en setiembre de 2016 sino firmaban su traspaso de REC SA a DIFA SA.

Los trabajadores de Radio Rivadavia y FM 103.1 continúan en sus puestos de trabajo, que hoy no es otra cosa que un puesto de lucha contra la impunidad y el atropello, en el que no sólo se enfrentan a lo evidente sino al confuso griterío de quienes dicen representar indignaciones cuando en realidad juegan su propio negocio, donde la prioridad de los afectados sólo cuenta para la hipocresía de un mensaje políticamente correcto.

(*) Periodista, miembro de conducción de la UTPBA