Por Gerardo Torres (*), desde Lima.- El arribo del primer lote de las vacunas chinas al Perú constituye un alivio para el gobierno y la ciudadanía, en este país, que este año conmemora 200 años de independencia nacional del colonialismo español.

Su población de más de 30 millones de habitantes vive en zozobra permanente por la pandemia de la Covid 19 y la grave crisis económica que ha generado, por la corrupción en las esferas del Estado y la inestabilidad política, desde hace cinco años. 

El gobierno del presidente Francisco Sagasti, que lleva dos meses en el poder, adquirió un millón de dosis de la vacuna del laboratorio chino Sinopharm.

La vacunación empezó con los médicos y todos los profesionales de la salud, los policías y militares, que están en la primera línea de combate en esta guerra que lleva ya 11 meses, contra un enemigo invisible. 

La crisis sanitaria ha causado enormes estragos en Perú, debido a la precariedad de su sistema de salud pública, como secuela de más de 30 años de neoliberalismo.

Así como en la primera ola, los hospitales han colapsado porque no existe atención en primera línea. Al no haber camas en los nosocomios, la gente se muere por Covid en la calle o en su casa. Cifras oficiales revelan que la peste mató a más de 40 mil peruanos, millones de hombres y mujeres se quedaron sin trabajo por la quiebra de empresas y el cierre temporal de otras, la situación económica de las familias del Perú está sumamente deteriorada. 

Muchas han agotado todos sus ahorros y hasta sus escasos fondos previsionales. La llegada de la vacuna fue celebrada con júbilo por la población, en todo el país, como un acontecimiento que alimenta su esperanza para reforzar la lucha contra el virus y salir de la crisis. 

La vacunación va a ser lo más importante que Sagasti logrará cumplir en su breve mandato, que culminará el 28 de julio próximo, pero en medio de la tragedia, persiste una atmósfera de inestabilidad política provocada por bancadas de grupos políticos de ultraderecha que controlan el Congreso de la República, que no descartan un nuevo golpe de estado para reemplazar a Sagasti. 

En noviembre pasado, el país tuvo tres gobernantes. El Congreso, por mayoría de votos, sacó al entonces presidente constitucional de la República, Martín Vizcarra, en medio de la tragedia. Lo reemplazó el jefe del Parlamento, Manuel Merino, que duró en el cargo sólo 5 días. Renunció presionado por una rebelión popular, que dejó dos muertos y decenas de heridos. 

Destituido Merino, asumió Sagasti, que preside el gobierno de transición y emergencia, cuya preocupación fundamental está centrada en luchar contra la pandemia y en la ejecución de las elecciones generales del 11 de abril, para elegir al nuevo presidente de la República y a los nuevos integrantes del Parlamento unicameral. 

La crisis política que aún persiste en Perú estalló el 28 de julio del 2016, el mismo día que asumió el gobierno del tecnócrata de ultraderecha, Pedro Pablo Kuczynski. Ese día, Keiko Fujimori, también de derecha, – que perdió las elecciones y controlaba el Parlamento (tenía 72 de 130 representantes) -, le declaró la guerra. Kuzynski cayó en marzo del 2018 y fue reemplazado por Vizcarra. Los dos fueron defenestrados del cargo acusados por corrupción y, en ambos casos, la que impulsó la desestabilización política fue Keiko Fujimori, procesada por lavado de activos. 

La hija del ex dictador Alberto Fujimori postulará, en abril, por tercera vez a la presidencia de la República, pese a estar investigada por la justicia. El Fiscal José Domingo Pérez sindica a Fuerza Popular (Partido de Keiko) como una organización criminal y pidió la suspensión por dos años. Sigue en espera el fallo del juez.

(*) Periodista. Dirigente gremial del Sindicato de Periodistas y Comunicadores Sociales de Perú, y director del Semanario Nuevo País.