9 septiembre, 2023

Venezuela: negocios turbios marcan la emigración

Diana Ovalles

Periodista. Integrante del Movimiento Periodismo Necesario de Venezuela, desde Caracas

Las campañas mediáticas contra Venezuela no han cesado de tocar sus tambores de guerra durante las últimas dos décadas: la tinta digital de la desinformación y la propaganda sucia como principales estrategias, aspiran instalar la idea de Venezuela como “estado fallido”.

Sobre estas narrativas, el fenómeno de la migración venezolana, señalan informes y estudios de caso como los de la organización venezolana de derechos humanos SURES, ha sido una movilización forzada por el factor económico, hecho agravado por las ingentes medidas coercitivas unilaterales que las diferentes administraciones estadounidenses desde Barak Obama vienen aplicando contra Venezuela, y que sobrepasan las 930 sanciones emitidas desde el 8 de marzo del 2015.

El tema de la migración basado en el discurso de la “crisis humanitaria venezolana” ha vuelto a la palestra en los últimos días, a propósito del comunicado emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos “donde se pretende cuestionar el limpio accionar de los poderes públicos venezolanos, en un nuevo ataque al país”, expresó el canciller venezolano Iván Gil en comunicado oficial despachado en Caracas.

Los referidos ataques a un país asediado como Venezuela, representan el telón de fondo de las denuncias contra prácticas represivas y expulsivas hacia los migrantes venezolanos que se incrementan a diario, mientras se les obstaculiza el tránsito en distintas fronteras de la región latinoamericana. Las declaraciones de los voceros estadounidenses, así como las de organismos como la CIDH, se enmarcan en la criminalización, discriminación y xenofobia a migrantes y solicitantes de asilo que se ven forzados a emigrar por razones económicas y de salud, los aspectos más vulnerados por el bloqueo que denuncia el gobierno venezolano.

El presidente de la Comisión Especial para Investigar los Crímenes contra los Migrantes Venezolanos en el Extranjero, diputado Julio Chávez, denunció este miércoles en una entrevista radial a la emisora UR, la política de terrorismo de estado, persecución y xenofobia que ejerció el gobierno del ex presidente colombiano Iván Duque contra los migrantes venezolanos. “Fue una política de exterminio contra los migrantes venezolanos, pero la CIDH lo absolvió y jamás se pronunció contra esta violación a los derechos humanos”.

Asegura el informe de SURES, que el impacto de la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela guarda relación directa con la emigración desde Venezuela hacia otras partes del mundo, siendo una emigración fundamentalmente económica. “Esto también ha tenido incidencia en la trata de personas en nuestro país, pues hay una mayor magnitud de personas en condiciones de vulnerabilidad que toman la decisión de migrar”, asegura el informe “Desmitificando las narrativas sobre la trata de personas en Venezuela” publicado este miércoles.

Asimismo, a raíz del anuncio del presidente venezolano sobre la convocatoria a una cumbre mundial para tratar el tema de la migración, el diputado venezolano Julio Chávez señaló que “Venezuela fue un país históricamente receptor de migración, pero debido a múltiples factores que se conjugaron para inducir una migración por razones económicas, por lo que se ordenó a esta Comisión para investigar este fenómeno de la migración que afecta no solo a Venezuela, sino a América Latina y al mundo entero”.

El diputado venezolano añadió que el problema de la migración tiene un elemento de carácter militar. “La última cumbre de la OTAN en Madrid, en junio de 2022, estableció con claridad que los integrantes de la OTAN podrán responder militarmente a una situación de crisis migratoria que se pueda presentar para preservar la seguridad y la paz de los integrantes de este bloque militarista”.

La Comisión parlamentaria venezolana investigó los crímenes acaecidos en Colombia contra migrantes campesinos venezolanos que cobraron la vida de estas personas por negarse a trabajar de manera forzosa en sembradíos de coca controlados por el narcotráfico, según las denuncias y pruebas presentadas por sus familiares, que fueron verificadas y sustanciadas en el seno de esta Comisión.

Los integrantes SURES advierten en su informe, que han alertado sobre los procesos de instrumentalización política, mercantilización y uso de narrativas discriminatorias y discursos de odio contra la población migrante venezolana en distintos países de América Latina con presencia de estas movilizaciones.

El diputado Julio Chávez explicó que la cumbre internacional sobre el tema de la migración deberá vislumbrar este complejo tema para atacar sus causas, por lo que propuso la creación de una comisión presidencial del más alto nivel para abordar de manera integral este problema sobre un diagnóstico que implica aspectos de seguridad y defensa, políticas integrales de atención, políticas sociales, captación y reinserción de los migrantes que fueron forzados a abandonar el país por razones económicas, la adecuación de leyes en materia de migración, de servicios consulares, las leyes para atacar el tema de la trata y tráfico de personas.

Chávez denunció asimismo la ocasión de lucro y los negocios de muchas ONGs que fuera de nuestro territorio hicieron fortunas a costa del dolor de muchos migrantes venezolanos. De acuerdo con los informes publicados por SURES, “la principal dificultad para el monitoreo y contraloría sobre esos recursos es que no existe una legislación internacional única, ni tampoco mecanismos de acceso al detalle de las recepciones y desembolsos por concepto de ayudas, contribuciones o donaciones específicas para el auxilio a las personas migrantes o en proceso de desplazamiento o movilidad”. Los montos de las donaciones supuestamente destinadas a los migrantes venezolanos, tal como lo refirió el parlamentario venezolano, son de escándalo.

De acuerdo con ACNUR, en el año 2018, 46 millones de dólares había proporcionado la comunidad internacional a migrantes venezolanos, de los cuales apenas 2,5 millones provenían de Estados Unidos.

Según las publicaciones de los medios colombianos, ese país habría recibido entre 2017 y marzo 2020, 950 millones de dólares para ayudar a los migrantes venezolanos, “pero en el detalle de las noticias se entremezclan anuncios o compromisos verbales, desembolsos efectivamente realizados, informes con fines honestamente informativos y otros evidentemente publicitarios”, señala el informe de SURES.

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